martes, 19 de abril de 2016

La Seguridad que todos queremos en nuestras ciudades


Para abordar un tema tan importante como es la seguridad ciudadana, es absolutamente imprescindible tener claro el concepto. Qué es la seguridad ciudadana.  Es un orden público, una cultura y un valor; una acción colectiva, conjunta e integrada que desarrolla el Estado: la ciudadanía, los gobiernos, las organizaciones privadas y  otras organizaciones de bien público. De este orden público emergen los diagnósticos para la aplicación de políticas destinadas a asegurar la convivencia solidaria, justa  pacífica y segura para todos.

La erradicación de la pobreza, la creación de fuentes de empleo a través de políticas que promuevan y apoyen las inversiones públicas y privadas, la atención a los jóvenes, el hábitat, el medio ambiente, la seguridad jurídica, la credibilidad y solvencia de las instituciones del orden, las instituciones de justicia, la educación y la salud, el deporte, la recreación y la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos, la educación sobre valores, el incentivo a manifestaciones culturales, la solidaridad; son parte de las políticas públicas que imprescindibles para una ciudad segura.

En este marco, la seguridad ciudadana es una forma de vida y parte de una visión y cultura de convivencia como Estado. Nuestra Constitución establece que somos un país pacifista;  Importante valor que sumado a una constitución garantista de derechos; determina las condiciones institucionales para el desarrollo de una Bolivia unitaria, con descentralización y autonomías dividida territorialmente en 9 departamentos y 339 municipios regidos por leyes que establecen competencias y que nos garantizan un conjunto de acciones democráticas en cada nivel de gobierno, para garantizar ciudades seguras.

Como antecedente, en el año 2013, Santa Cruz de la Sierra fue la sede de un importante encuentro regional en el que se presentó el documento “Perspectivas de la Seguridad Ciudadana en America Latina y Bolivia”, “Seguridad ciudadana con Rostro Humano”;  auspiciado por el Ministerio de Gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El informe tiene como antecedentes el Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica del PNUD, “Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano“,  lanzado en el 2009, y el Informe de Desarrollo Humano del Caribe, “Desarrollo Humano y el cambio hacia una mejor seguridad ciudadana”, del 2012.

Así mismo, hace pocas semanas, el Ministerio de Autonomías, presentó en nuestra ciudad el “Informe de Desarrollo Humano del año 2016 del PNUD”.
 Respecto a uno de los delitos más graves; el  homicidio; este informe nos indica que en Santa Cruz, los municipios de Porongo, La Guardia y Cotoca, presentan las tasas de homicidios  más altas de la región metropolitana del departamento: 19, 13 y 11 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Todas ellas por encima del promedio nacional y departamental. En el caso del municipio de Santa Cruz (7,4) se observan tasas por debajo del total nacional.

El total de la región metropolitana de Santa Cruz tiene una tasa del 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional. 

Así mismo, respecto a delitos contra la integridad: violaciones; Santa Cruz es el departamento con la tercera tasa de violación más alta de Bolivia. No obstante, la región  metropolitana de Santa Cruz tiene una tasa de 22 violaciones por cada 100 mil habitantes, cifra que se halla por debajo de la tasa departamental y nacional. Los municipios de El Torno (73) y Warnes (50) están muy por encima del promedio nacional. Por su parte,  los municipios de Cotoca (34), La Guardia  (24), Santa Cruz (19) y Porongo (6) tienen las tasas más bajas de toda la región metropolitana.
El Torno es el ùnico que reporta un índice más alto que la tasa departamental.  En su conjunto la región metropolitana de Santa Cruz registra el 29% de todas las violaciones reportadas en el departamento y el 11% del total nacional.
De acuerdo a los datos de la FELCC, más del 50% de las víctimas de este delito son menores de edad, lo que estaría indicando que las violaciones se dan por parte de los padrastros, los hermanos mayores (en el caso de las mujeres), los mismos padres y/o parientes cercanos (Defensoría del Pueblo 2014). Alta alarma para las familias. Los gobiernos no pueden pensar en un Estado en el que cada una de las familias tengan un guardia.  Reiteramos la importancia de los valores.

Otro delito es el delito contra la propiedad: el robo agravado. En 2013, la ciudad  de Santa  Cruz  de la Sierra fue el municipio  que presentó  la tasa más  alta: 72 robos  agravados  por  cada 100 mil habitantes. Le siguen los municipios de Cotoca y Warnes con 36 y 32, respectivamente. De acuerdo a la División de Crimen Organizado de la FELCC de Santa Cruz, los robos agravados en Santa Cruz de la Sierra, Cotoca y Warnes son muy communes en las entidades financieras debido a la cantidad de dinero en efectivo que circula en el departamento.
En Cotoca el delito puede estar relacionado con su condición de municipio industrial y ganadero, actividades que generan un alto nivel de circulante.
Adicionalmente los robos más violentos fueron cometidos por personas bajo la influencia de drogas y/o alcohol, de acuerdo a la FELCC. Los municipios de La Guardia(25) y el Torno (20) y Porongo (19) son aquellos que presentan tasas por debajo del promedio nacional y departamental. La tasa de los robos agravados de la region metropolitana de Santa Cruz (65 por cada 100 mil habitantes) representa el 71% de todas las denuncias en el departamento de Santa Cruz y el 27 % en el país.
Los delitos que no son denunciados o que no son registrados por la Policía; conocidos como la “cifra oculta” o la “cifra negra” del delito; dificulta la planificación de políticas y programas de seguridad ciudadana. En el ámbito metropolitano, según el informe; la cifra oculta del delito es 74%, lo que significa que menos de tres de cada 10 personas han denunciado el delito que ellos o que alguien en su hogar ha sufrido en los últimos 12 meses.
En el ámbito municipal 13, Porongo (siete de cada 10), La Guardia, Laja y El Torno (cuatro de cada 10) son los municipios donde más se denuncian.

Perfil de las víctimas:
Las víctimas en la región metropolitana de Santa Cruz se diferencian por tipo de delito.  Entre  las víctimas de homicidio, las mayores incidencias se presentan en hombres  entre 18 y 30 años (36%) y mujeres entre 18 y 30 años (32%) seguido, en ambos casos, por quienes  tienen entre 31 y 45 años. Por su parte, las denuncias de violación indican  que  más  de la mitad  de las víctimas hombres  son  jóvenes  menores  de  17 años y dentro  de este grupo, la mitad  son meno- res de 12 años. En el caso de las mujeres, la mayoría de las víctimas de violación son menores  de 17 años.  Sin embargo, más de un tercio de las víctimas de este delito está entre los 18 y 30 años.
Finalmente, las víctimas de robo agravado afectan en su mayoría y casi de igual manera a las personas entre 18 y 30 años, así como a las de 31 a 45 años, independientemente del sexo.

Todos los datos que hemos expuesto han sido tomados del último informe del PNUD sobre Desarrollo Humano año 2016 porque consideramos de suma importancia la referencia neutral no sesgada.
En el informe del PNUD, Santa   Cruz presenta el mayor  porcentaje de ciudadanos  que dicen sentirse  seguros  o muy seguros cuando caminan  por la calle de noche. Es importante también el porcentaje de 70% de ciudadanos que declaran que parte importante de la seguridad es el alumbrado público.
Sin embargo la inseguridad ciudadana también responde a otros problemas sociales estructurales que deben abordarse de manera intergubernamental e interinsitucional y socialmente: Hablamos de  multicausalidades.
Los jóvenes con problemas en las familias y con poca o ninguna expectativa laboral, la inequidad y la exclusión  social, el consumo de alcohol y, junto a ello, el incremento en alrededor de cuatro veces en la prevalencia por mes del consumo de marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base y la categoría consignada como “cualquier droga”  en los últimos ocho años. (Datos informe idh-PNUD)
El ciudadano es el principal actor de las reglas de convivencia en su familia, su barrio, su distrito, su ciudad. Es la familia, el barrio, la junta vecinal, la organización social, el club deportivo, la iglesia, la escuela, el centro cultural, el hospital, la policía, el guardia municipal, el fiscal; el conjunto, el concierto de todos los que vamos configurando el modelo de convivencia de la ciudad. Somos la autoridad y la  sociedad, la sociedad y la autoridad; quienes tenemos la obligación de prevenir y hasta reducir el delito influyendo en la convivencia de los barrios con democracias pacíficas de respeto no solo a la ley, sino a las personas; tendiendo puentes en lugar de trincheras. Somos las dirigencias políticas, gremiales, vecinales, cívicas, sociales las llamadas a dar claras señales de conducta de respeto a la ley y las normas de convivencia bajo una cultura de paz, respeto y solidaridad; la tolerancia y la democracia.
Santa Cruz es una sociedad con una alta organización social pero desarticulada del bien colectivo común. Necesitamos aliarnos en torno de la defensa de la ciudad para todos.
El Control Social expresado en una red social fuerte pero solo demandante, sin autocrítica, ni propuestas, ni apoyo; seriamente dividido en frentes políticos; debe replantearse su rol y sus valores. De igual forma las instituciones que tenemos competencias específicas: La seguridad ciudadana, necesita cohesión social en torno a los derechos humanos y constitucionales.
Los medios de comunicación. No podemos seguir siendo el público pasivo de la excesiva difusión de violencia con música de fondo catastrófica diaria y cotidiana.
Como bien señala el informe del PNUD; en los últimos  años los medios difunden las noticias de inseguridad de manera mucho mayor y diaria. No existe ni el cuidado a menores para mostrar crónica roja de alto contenido violento magnificado por la reiteración en la producción de imágenes. “Los titulares exagerados, el nivel de detalle con el que se presentan los modos en que se cometen  los delitos, el sensacionalismo, las imágenes  cada vez más  impactantes de las víctimas y las noticias  fuera  de contexto influyen en la percepción  de una realidad más amenazante, lo que genera en muchos  casos ansiedad  y contribuye  a una  mayor  percepción de inseguridad”.
La baja credibilidad y alta desconfianza en la fuerza del orden interno (brazo operativo fundamental para la regulación de los excesos que constituyen delitos y atentados a la seguridad), al igual que el Sistema Judicial son dos factores que generan un estado de desamparo e indefensión en los ciudadanos.
En lo que corresponde a competencias municipales, las expectativas que la población tiene de los guardias policiales rebasan su alcance establecido en la norma. El guardia municipal es un vigilante, una alerta.
Las competencias locales en materia de seguridad Ciudadana:
Normativa
Disposiciones



CPE






LMAD-031
La Policia es competencia privativa del nivel central

La Seguridad ciudadana el Competencia Concurrente entre nivel central y Gobiernos Autónomos Art. 299, II.13 y su Planificación es una política Nacional con responsabilidad municipal para su ejecución en materia de seguridad ciudadana.


La ley Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez; otorga a los municipios la facultad de ejecutar planes en el ámbito de Seguridad Ciudadana en concordancia con los demás niveles del Estado y en sujeción a la política nacional y casi siempre bajo una ley nacional de desarrollo que demarca el desarrollo legislativo y la política local.

Creemos que el costeo competencial corresponde a un proceso pre y post constituyente ya superado y que la descentralización en el campo de seguridad ciudadana debe ampliarse. Sugerimos hoy que la política nacional tome en cuenta el último informe del PNUD y podamos realizar un diagnóstico de la región metropolitana para definir una política local  de metrópoli urgente y necesaria.

Como Gobierno Municipal, mantenemos permanente comunicación con todos los niveles de gobierno, Ministeri, gobernación, Policia Nacional, órgano judicial, control social a fin de desarrollar un sistema fuerte y garantista. Ratificamos nuestra voluntad de tejer una red de seguridad sólida.



 En todo el mundo, la transparencia y garantía en el ejercicio de derechos, así como cumplimiento de obligaciones y acatamiento a la ley; son aspectos muy importantes de la seguridad ciudadana y elemento clave para el Desarrollo Humano. Las ciudades excesivamente corporativizadas e individualizadas en los intereses de cada sector, sin una mirada multiversal; corren el riesgo de colapasar en cuanto a la garantía del ejercicio de derechos. Promover valores de convivencia colectivos, garantizar una ciudad plena de derechos, gestionar en conjunto los intereses de todos y las  condiciones para una vida digna, ordenar la ciudad, generar espacios de encuentro y escenarios de corresponsabilidad, es una prioridad para el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Por esto el Concejo realiza audiencias y sesiones de forma permanente en los 15 grandes distritos de la capital. Santa Cruz de la Sierra tiene más del 54% del total de los habitantes del departamento en sus distritos. Esa es la dimensión de la Gran ciudad.
Es importante mejorar los sistemas de justicia apoyando su descentralización a distritos con infraestructuras modernas y equipamiento,  dotar de las condiciones necesarias a la policía, ampliar el derecho a la ciudad, los derechos colectivos a la ciudad, iluminándola, arborizándola, construyendo plazas, parques, centros deportivos, coliseos, y también nos enfocamos en las medidas preventivas, como la generar de oportunidades de empleo y promoción de la inclusión social, y una cultura de  paz y de estabilidad. En estos programas la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene importantes avances.

La recopilación de información estadística y la adopción de nuevas tecnologías para ubicar puntos neurálgicos del crimen y enfocar los esfuerzos de prevención en las áreas de riesgo; la creación de unidades especializadas para brindar atención a grupos en situación de vulnerabilidad como jóvenes y mujeres y personas de la tercera edad que han sido víctimas de la violencia; son parte de nuestras políticas.

Reiteramos: Es necesario poner atención a las  multicausalidades del problema, estudiar los fenómenos multisociales, hay que humanizar el sistema económico y político para lograr una seguridad integral. Estamos desarrollando el observatorio de seguridad ciudadana para la  adopción de sistemas de información y de intervención más modernos y eficaces.

Es necesario un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, con el propósito de alinear los esfuerzos públicos y privados hacia la reducción del delito y la violencia con el fin de identificar retos comunes, compartir experiencias exitosas e identificar mecanismos de cooperación. Apostamos a las alianzas entre el sector privado y público, entre todos los niveles de gobiernos.


No hay una fórmula mágica y única para resolver el problema, pero la inseguridad sí tiene remedio. 

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