EXPOSICION DE MOTIVOS CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR

LOS CÓDIGOS MORALES

Como ya hemos explicado al presentar la exposición de motivos del Código niña, niño y adolescentes; la nueva codificación iniciada bajo la presidencia de Evo Morales Ayma busca crear una normativa ajustada a la realidad boliviana; en este caso a las familias bolivianas; pero además busca tener normas fácticas, efectivas, asentadas en la realidad de nuestra sociedad y no de otras. La gran virtud de la actual legislación es que extraordinariamente coherente con la cotidianidad de las bolivianas y bolivianos y si bien en ocasiones se dice que no es aplicable por falta de presupuesto, ya no se puede alegar que es una norma incoherente o divorciada de los hechos y de los problemas concretos.

Todo proyecto de ley a ser tratado en el pleno una vez que cumplido con los pasos procedimentales; es entregado en ejemplar individual a cada parlamentario y además del cuerpo mismo de la ley, está también como antecedente la exposición de motivos que refleja el espíritu de la ley, el trabajo técnico, jurídico, social del o de los constructores de una norma, los principios que primaron, el trabajo de investigación, la búsqueda de legislación comparada, la jurisprudencia, la realidad, la razón y el por qué de la ley así como los objetivos que se contemplaron a la hora de tomar la decisión de labrar algo tan importante como un Código de las familias y del proceso familiar.

Destaco de sobremanera la voluntad y decisión política del órgano ejecutivo, del presidente Evo Morales Ayma y del vicepresidente de la Asamblea Plurinacional Alvaro García Linera; quienes de manera permanente han instado a la Asamblea Plurinacional del Estado de Bolivia a trabajar en leyes estructurales, leyes que tienen que ver como en este caso con instituciones fundamentales para la vida de un Estado. La familia entendida ya no desde un interés patrimonialista sino como un todo de personas que comparten los mismos sueños, planes, hijas e hijos, derechos y obligaciones. Pero dejemos que sea la exposición de motivos quien explique lo substancial de la norma.

Betty Tejada Soruco*

EXPOSICION DE MOTIVOS

CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCESO FAMILIAR

Necesidad de la norma.

La Constitución Política del Estado determina una nueva organización y estructura funcional, territorial y económica para el Estado que se sustenta en principios y valores orientados al pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas para el Vivir Bien desde una visión pluralista. Situación que será posible con una revolución democrática y cultural de nuestra sociedad, que inicia en el seno de las familias y su cotidianidad.

La disposición Transitoria Quinta de la Constitución Política (2009) dispone que la Asamblea  Legislativa Plurinacional durante su primer mandato apruebe las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales, asimismo, señala en su artículo 298 parágrafo I. numeral 21 como competencia privativa del nivel central del Estado la codificación sustantiva y adjetiva en Materia Familiar. Por otra parte, la Ley del Órgano Judicial establece la competencia de los jueces públicos en materia familiar encargados de la administración de justicia en la jurisdicción ordinaria, además la citada Ley en sus disposiciones transitorias exige la adecuación de los distintos códigos que rigen la administración de justicia.

Justificación.

El Código de Familia Ley N° 996 que se abroga, es la cúspide de la construcción social y el acervo normativo de buena parte del siglo anterior. A la luz de la nueva Constitución y por la dinámica de la realidad social se evidencia que el Código de Familia Ley N° 996 no plantea de manera expresa, aunque sí implícitamente, los principios propios que orienten su interpretación y aplicación. Asimismo, tiene un embrionario enfoque de género y generacional, una visión patriarcal y es depositario de una moral religiosa, dejando de lado la realidad intercultural de la sociedad boliviana. Por lo que es necesario proyectar los institutos de familia de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la realidad emergente del país.

Si bien el Código de Familia Ley N° 996 en la década de los años 70 fue uno de los primeros cuerpos normativos que pretendió su autonomía respecto al Código Civil, aún utiliza su procedimiento. Para lograr el tratamiento adecuado de la materia no es suficiente tener juzgados especializados, sino también un procedimiento propio.

Los procedimientos en Materia Familiar deben evitar incurrir en una ritualidad innecesaria, para lograr el acceso a la justicia de manera eficiente. La estructura del sistema escrito del Código de Procedimiento Civil presenta formalismos y ritualismos excesivos, los cuales han ocasionado que durante la tramitación del proceso se susciten cuestiones incidentales, generando mayor inestabilidad en la misma y su consecuente demora. Estas formalidades y las interpretaciones de la norma han contribuido a que las y los abogados planteen incidentes para logar retrotraer los momentos procesales, ocasionando mayor retardación de justicia.

Mientras que el Código de Procedimiento Civil protege los derechos de la persona y fundamentalmente de su patrimonio, las disposiciones procesales del Código de las Familias, deberán diferenciarse de las normas procesales en materia civil, anteponiendo los derechos familiares respecto a los derechos individuales, por ser irrenunciables; la normativa de Materia Familiar debe proteger a las familias como sujeto de derechos y las relaciones entre sus miembros. Por tanto, los derechos y obligaciones están centrados en la familia como totalidad y escenario de interacción. A consecuencia de ello, no es posible la solución a un conflicto donde prime la defensa de los derechos de uno, atentando a los intereses de todos.

Bajo este contexto es necesario apartarse de la concepción dicotómica de culpables y de víctimas, y considerar que las responsabilidades son compartidas. De esta forma se revaloriza el acuerdo, situando al litigio en plano secundario. En ese sentido, es ineludible la necesidad de un procedimiento propio que se sustraiga del procedimiento civil, por la naturaleza de los bienes jurídicos que son protegidos.

Ahora bien, el nuevo escenario constitucional por el que atraviesa el Estado y Sociedad boliviana, nos permite reflexionar sobre la familia más allá de sus integrantes o su forma nuclear de constitución, en este sentido la Constitución Política del Estado en distintas disposiciones le reconoce como sujeto de derechos.

Así, dada la necesidad de configurar un sistema legislativo integrado, entre las disposiciones transitorias, se tiene el mandato a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación de la ‘Ley de Fertilización Humana Asistida’ y la ‘Ley de Promoción y  Protección a las Familias, la Maternidad y la Paternidad’. Por lo que en este contexto, se ha desarrollado el Título Preliminar, en el que, en el que entre otras determinaciones, refiere a los derechos sociales de la familia, entendida ésta como sujeto de derechos y obligaciones, disposiciones que no se encuentran desarrolladas en el Código vigente y que por la realidad social resulta imprescindible. En la propuesta normativa se establece que el Estado debe orientar sus decisiones legislativas, judiciales, administrativas y de política pública para garantizar los derechos sociales de las familias. Asimismo, se han definido criterios orientadores para la identificación de situaciones de vulnerabilidad que permitan dirigir preferentemente los mecanismos institucionales del Estado para la protección integral de las familias.

Trayectoria de la construcción de la norma.

Para la elaboración del presente proyecto han sido consultadas diversas fuentes. Se ha partido de los mandatos constitucionales, de nuestro contexto histórico, de la problemática o necesidad social y de la necesidad de superar los problemas en la práctica forense. Se toma en cuenta la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos humanos, aunque éstos refieren por separado a sujetos de derecho integrantes de la familia, así se cuenta entre los instrumentos de importante mención la Convención Interamericana Sobre Obligaciones Alimentarias ratificada por el Estado Boliviano, entre otros.

A su vez, se revisó legislación comparada o proyectos de legislación de países de la región  como ser Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Panamá, además se tomó en cuenta el marco jurídico de Ecuador y Venezuela que han desarrollado el nuevo constitucionalismo.

Se desarrolló también un programa de consultas técnicas a especialistas y organizaciones sociales. A tiempo del desarrollo normativo, se remitió en diversas ocasiones el proyecto renovado a los Ministerios de Estado que tienen relación con la materia jurídica, asimismo se envió al Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, Universidades, Colegios de Abogados, las Comisiones vinculadas a la materia de las Cámaras de Senadores y de Diputados, con el propósito de incorporar las observaciones, comentarios y sugerencias pertinentes.

Contenido de la propuesta normativa.

La denominación del proyecto visibiliza el desarrollo de disposiciones en una estructura de trípode. Por una parte las familias como sujetos de derechos en la sociedad, por otra los institutos de familia referidos a las relaciones al interior de la misma expresados en la parte sustantiva, y finalmente las disposiciones procesales o adjetivas especializadas para la tutela jurisdiccional más efectiva de las disposiciones sustantivas de la materia. Por ello, la propuesta normativa, se estructura en tres partes:

a)  Título Preliminar: Contiene el Objeto del Código, el sustento competencial, además lleva una sección relativa a los derechos de la familia entendida como sujeto de derechos.

b)  Libro Primero: Con 9 Títulos, correspondientes a las disposiciones generales y los restantes a las instituciones sustantivas de familia

c)   Libro Segundo: Integrado por 3 Títulos respecto a reglas generales y procedimientos en la vía jurisdiccional.

El texto íntegro del proyecto supera el lenguaje androcéntrico, y fortalece el desarrollo de las instituciones de familia, lo que también puede considerarse innovador.

Título Preliminar.

a)  Se estructura un catálogo de derechos sociales de las familias, como a acceder a los beneficios que brinda el Estado para su desarrollo pleno; a la privacidad, intimidad, dignidad y honor de la familia; a la participación e integración en el desarrollo integral de la sociedad y del Estado; al descanso y recreación familiares, entre otros.

b)  Se establece la protección de la familia y determina el rol del Estado, en este contexto, el Estado está obligado a proteger a la familia, procurando su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el más efectivo cumplimiento de los deberes de todas y todos sus miembros.

c)   Además, se establecen criterios para la identificación de situaciones de vulnerabilidad, los orientarán los mecanismos institucionales del Estado en todos sus niveles, para la protección integral de las familias.

Libro Primero (parte sustantiva).

El contenido relevante e innovaciones del Libro Primero es el siguiente:

a)  Desarrollo de principios propios de la materia sustantiva, tales como Protección a la familia; solidaridad; diversidad; coordinación y cooperación; equidad de género, igualdad de trato e interés superior de las niñas niños y adolescentes.

b)  Se esclarece el alcance de la afinidad. El matrimonio civil y la unión libre o de hecho son fuente de esta relación. La afinidad cesa por la desvinculación conyugal o invalidez del matrimonio civil o de la unión libre o de hecho.

c)   La filiación es un instituto renovado. Supera la discriminación de las acciones de filiación según sean hija o hijo de padre y madre casados entre sí de los que no lo están; y una serie de presunciones propias de una época en la que el desarrollo científico de la genética era escaso y no se consideraban los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se plantean la obligación de la madre y del padre de registrar la filiación de sus hijas e hijos, que se puede realizar de manera a) voluntaria conjunta, b) por indicación o c) ante la imposibilidad de cualquiera de las anteriores, por la vía judicial. Las garantías jurisdiccionales se expresan en la acción de negación de paternidad o de maternidad y la acción de impugnación de filiación.

d)  Cuando están involucrados las niñas, niños y adolescentes se vela por el interés superior de los mismos, aplicándose inclusive los principios del Código Niña Niño Adolescente, en ese sentido se toma en cuenta su opinión en los casos que les afecten.

e)   La Emancipación se puede realizar a los dieciséis (16) años, de acuerdo a la edad excepcional de matrimonio o unión libre, ante Notaría de Fe Pública con el acuerdo de la madre y del padre o del tutor.

f)    La Asistencia Familiar, si la o el beneficiario es menor de edad, incluye también los medios para garantizar su educación y su recreación -además de vivienda, salud, alimentación, vestimenta-. Esta obligación se otorga hasta la mayoría de edad, y podrá extenderse como máximo hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años de edad, siempre y cuando la dedicación a su formación técnica o profesional no tenga interrupciones y evidencie resultados satisfactorios. Se determina el uso del sistema financiero y las tecnologías de la información para el cumplimiento de la misma.

g)   Se suprime la referencia del matrimonio religioso. La unión libre o de hecho producirá los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellas. Los requisitos e impedimentos para constituir matrimonio civil y unión libre o de hecho son reorganizados y agrupados; en ese sentido, se eleva la edad a los dieciocho (18) años para ambos pretendientes, siendo la excepción a los dieciséis (16) años previa autorización de quien ejerce la autoridad parental o del tutor en la vía notarial, o en caso de controversia o a falta de consentimiento resolución emitida por  autoridad jurisdiccional.

h)  La unión libre o de hecho debe reunir condiciones de estabilidad y  singularidad las cuales se presumen al momento de registro. Las parejas podrán registrar (ante el Servicio de Registro Cívico SERECÍ,  o ante autoridades indígenas originario campesinas) su unión libre o de hecho sin necesidad de autorización judicial, como se requiere actualmente. La unión libre o de hecho no registrada y que cumple con las condiciones tienen igual protección. En caso de circunstancias especiales, la unión libre o de hecho que no se hubiera registrado, cumpliendo ésta con los requisitos establecidos, podrá ser reconocida judicialmente.

i)    Se opta únicamente por la Nulidad ya que la invalidez por nulidad, anulabilidad absoluta y anulabilidad relativa de la Ley Nº 996 Código de Familia, responde a una corriente doctrinaria estrictamente civilista, entendiendo al instituto del matrimonio como un contrato, en la que existen dos conceptos nulidad absoluta y nulidad relativa o anulabilidad. Por otra parte, la gravedad de ciertas causales no era coherente con la subdivisión, como para el caso de la falta de asentimiento, ahora consentimiento, que era causal de anulabilidad relativa.

De acuerdo al desafío de desarrollar la materia y consolidarla de manera autónoma respecto de la óptica civil, se plantea simplemente la nulidad, ya que hablamos de institutos y no así de un sistema contractual y ritualista. Entonces, se determina nulo si no ha sido celebrado por la o el Oficial de Registro Civil; si no fue realizado entre una mujer y un hombre; si se incurriera en bigamia; en los casos en los cuales medie dolo, error o violencia en la voluntad; y por impedimento establecido en el Código. En el caso de incurrir en ellas, se eliminan las sanciones administrativas a los cónyuges, ya que en la práctica jamás se habrían cumplido.

j)    En la desvinculación conyugal se amplían las fuentes de desvinculación conyugal. Se describe el catálogo de causales que permiten accionar el divorcio, entre la que se incorpora la falta de un proyecto de vida en común. Alternativamente, se establece la posibilidad de acudir a la vía notarial en caso de contar con el pleno acuerdo de ambos cónyuges  sobre los bienes y los hijos si los hay, determinando inclusive el pago de la Asistencia Familiar si corresponde.

Este cuerpo sustantivo garantiza la interculturalidad, tiene un enfoque de género y generacional, desjudicializa en ciertos casos la solución de conflictos familiares, asume las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Su nueva estructura y articulado supera el lenguaje sexista, patriarcal y subalternizante.

Libro Segundo (parte adjetiva).

El contenido relevante e innovaciones del Libro Segundo es el siguiente:

a)    Los principios procesales incorporados evitarán que el proceso familiar se vuelva extenso, inseguro y costoso.

b)   El sistema oral representa una solución eficaz para evitar la retardación de justicia, considerando que la celeridad y eficacia no deben vulnerar el derecho a la defensa ni las garantías del debido proceso, características que coadyuvan en el cumplimiento de las garantías jurisdiccionales y la buena administración de justicia.

El sistema oral está funcionalmente complementado por actividades escrituradas estrictamente necesarias.

c)    En cuanto a la competencia funcional de jueces, se ha excluido la posibilidad de plantearse las causales de recusación, tomando en cuenta que es un deber del juez presentar su excusa cuando una de las causales se presente al inicio del procedimiento o durante su sustanciación. En caso de incumplir tal obligación procede la responsabilidad disciplinaria y penal que corresponda, y los actos que pronuncie serán declarados nulos.

d)   La desformalización de la demanda debe contribuir a que se constituya la exteriorización de las pretensiones de quien pide la tutela de un derecho o de un interés legítimo y, que dará inicio al procedimiento mismo. Por otra parte se admite su recepción en el Procedimiento de Resolución Inmediata.

e)    Se determina el tiempo que debe permanecer la demanda en el despacho judicial para su revisión de oficio, así como, para determinar su admisión, siendo esta actividad responsabilidad de la autoridad jurisdiccional.

f)     La contestación a la demanda no representa un obstáculo para el señalamiento de audiencia, y por tanto la autoridad jurisdiccional deberá fijar la fecha y hora una vez vencido el plazo para la contestación.

g)    El mecanismo de diálogo interjurisdiccional materializa la interculturalidad e instrumenta una coordinación y cooperación eficaces. Este diálogo tiene el objeto de garantizar el mejor acceso a la justicia de las personas en conflicto, e identificando la jurisdicción que mejor lo resuelva y tutele las garantías de las familias. 

h)   Las audiencias se podrán desarrollar en cualquier idioma oficial, empero los escritos deberán formularse en castellano. Se nombrará traductor para la parte que no comprenda el idioma definido. En todos los procedimientos familiares las actas de todas las audiencias deben ser necesariamente transcritas en idioma castellano en interpretación amplia del principio de territorialidad y el Artículo 24 parágrafos I y II de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas Nº 269 de 02 de agosto de 2012, al ser éste el idioma más generalizado en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Las audiencias se realizan en las salas de audiencias de los Juzgados Públicos en Materia Familiar, y excepcionalmente se trasladarán fundadamente a lugares donde se encuentren personas impedidas o imposibilitadas. La publicidad de las audiencias está garantizada, sin embargo se prevé la reserva de las mismas  en función al interés superior de niñas, niños y adolescentes, o precautelando la intimidad, dignidad, honorabilidad de las partes.

i)     El procedimiento familiar no admite la tacha de testigos. Las pruebas se valorarán tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y serán consideradas integralmente, de acuerdo a una apreciación objetiva e imparcial, según criterios de pertinencia.

Se acompañarán los medios de prueba con la demanda o la contestación oportunidad de su presentación, siendo la única oportunidad para su presentación. Sin embargo, se admite la prueba de reciente conocimiento u obtención, presentada así  bajo juramento, o aquella que la autoridad jurisdiccional disponga fundadamente producir.

Cada parte es responsable de aportar la prueba conforme sus propias alegaciones. Sin embargo la o el director del proceso invertirá su carga al advertir que una de las partes puede proporcionar mejor prueba. Únicamente podrán impugnarse mediante recurso de reposición sin recurso ulterior, resolviéndose en audiencia antes de su producción.

j)     Se dispone la generación de una versión digital del expediente, para otorgar seguridad a todos los actuados del procedimiento y facilitar su acceso ágil y rápido a la parte y su patrocinante así como para fines de reposición del mismo en caso de destrucción o extravío. Por la naturaleza de los derechos familiares y en resguardo a los principios constitucionales de intimidad, honorabilidad y privacidad, el acceso a los expedientes está reservado a las partes.

k)   Solo se admite la intervención de un tercero de dominio excluyente, salvándose los derechos de los terceros de pago preferente. En caso de actuación desleal, la autoridad jurisdiccional persuadida de ésta deberá disponer sanciones a los intervinientes y a las partes.

Se reconoce la legitimidad activa y de sujeto procesal a las entidades públicas encargadas de la protección de personas en situación de vulnerabilidad, quienes actuarán conforme sus atribuciones.

l)     En la práctica forense, se evidencia que las y los litigantes han abusado de las excepciones generando retardación de justicia debido a que la propia norma permitía tal situación. Estas medidas deberán ser resueltas de manera rápida en las audiencias preparatoria, de juicio o única, de tal forma que no dilate el procedimiento familiar.

En cuanto a las excepciones, se tienen las previas y las perentorias. En las primeras y con la de incompetencia por ejemplo, se faculta a la autoridad judicial para que de oficio se aparte del conocimiento de la causa cuando recaiga en incompetencia. Con las segundas, la parte demandada podrá oponer a la pretensión en cualquier momento del procedimiento, cuya resolución producirá la extinción de la acción, a través de auto definitivo.

m)  Se ha establecido desarrollar la protección a los derechos de la familia como son las medidas provisionales, en procura de disminuir los efectos de la crisis familiar y en resguardo de los intereses y derechos tanto de personas en situación de vulnerabilidad como de los cónyuges.

Ninguna de las medidas cautelares sólo pueden ser solicitadas por las partes sino también pueden ser determinadas por la autoridad jurisdiccional, previa observación de su necesidad.

n)   Se dispone la ejecución provisional de las sentencias, aun cuando esté pendiente la resolución de la impugnación, de aspectos relacionados con la guarda de las personas, régimen de visitas, asistencia familiar, entre otros, tomando en cuenta la situación favorable para la persona en situación de vulnerabilidad.

Algunas sentencias en el Proceso Familiar cobran características particulares, y es por ello que tienen una especial regulación tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas a las que afecta. Para las sentencias relacionadas con el patrimonio, la autoridad jurisdiccional, en el caso de un remate por ejemplo, deberá privilegiar la participación de familiares con el objeto de aminorar los efectos del conflicto.

Teniendo presente que el Proceso Familiar está caracterizado por su especialidad, la autoridad jurisdiccional deberá declarar la ejecutoria sin necesidad de solicitud de parte, siendo su inactividad sancionada, la innovación consiste en que sustancialmente es la responsable de materializarla y no una carga de las partes.

o)    El recurso de reposición procederá únicamente contra los autos simples, que causen agravio irreparable, en ese sentido se ratifican las atribuciones de la autoridad jurisdiccional respecto a la complementación y aclaración de sus resoluciones.

Se elimina el recurso de reposición con alternativa de apelación, la resolución que resuelve la reposición no tiene recurso ulterior. La revisión directa de la autoridad jurisdiccional de sus pronunciamientos se orienta a la economía procesal y a la eficiencia procesal de la misma instancia.

En cuanto a la apelación en efecto suspensivo, se busca superar la discrecionalidad en la administración del tiempo procesal para establecer el inicio del cómputo de los plazos. La Sala en Materia de Familia del Tribunal Departamental de Justicia, conocerá la causa en una audiencia única de apelación. La fundamentación del recurso podrá ser oral, pero su interposición y la contestación a la expresión de agravios serán escritas. Excepcionalmente se producirá la prueba sobreviniente en segunda instancia, coincidiendo con la legislación comparada.

El tribunal de apelación, en virtud del principio de reserva legal y de la regla de orden público que preside la regulación del recurso de apelación, antes de ordenar la radicatoria del proceso, tiene el deber de reexaminar la cuestión de la admisibilidad del recurso; en consecuencia, y a pesar del examen por la autoridad jurisdiccional a quo, se rechazará si se entiende que está mal concedido, ya sea por estar equivocado el efecto de la apelación o por estar ésta fuera de término legal o, haberse recurrido contra una resolución irrecurrible.

Se establecen con precisión los autos simples sujetos a apelación en efecto devolutivo. Sin duda, este efecto posibilita la garantía del debido proceso sin interrumpir el desarrollo del procedimiento.

Para la apelación en el efecto diferido, se ha procurado limitar, por vía indirecta, el espectro recursivo. Si bien las partes pueden apelar la decisión que consideren les causa un perjuicio, su interés puede desaparecer al pronunciarse la sentencia de primera instancia; ya que muchas impugnaciones son manifiestamente improcedentes.

Finalmente, con el fin de facilitar el despacho saneador y la proactividad de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, se posibilita que a solicitud de las partes que apelen una resolución determinada en efecto devolutivo, se la pueda conceder en efecto diferido.

Se mantiene el recurso de casación, ya que es necesaria la unificación de la jurisprudencia o el establecimiento de lo que en otras economías jurídicas se llama doctrina legal o jurisprudencial, a través de los fallos en casación.

Se elimina el recurso de compulsa, por lo que el juez recurrido ya no concede el recurso, simplemente remite la causa al tribunal superior.

p)   Se estructuran tres procedimientos en función a la complejidad de las acciones, sujetos y derechos.

1.  De doble audiencia: Establecen una audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, cuya sentencia es recurrible en apelación y casación. Están destinados por su estructura a acciones que requieren de un conocimiento pleno.

2.  De audiencia única: Establecen actos preparatorios previos a la audiencia de juicio  y se tramitarán acciones simples como la asistencia familiar y sólo admite apelación.

3.  De resolución inmediata: Se sustancian sin audiencias y están destinados a acciones que exigen de un procedimiento expedito. Sólo admiten en determinados casos la apelación en el efecto devolutivo.

En el caso de acciones innominadas, el juez asignará el procedimiento a aplicar.

Disposiciones transitorias

La propuesta normativa prevé su viabilidad operativa en cuanto a su aplicación en la parte de disposiciones transitorias, en las que se establecen los tiempos y modos para la adecuación del sistema de administración judicial en materia familiar, a su vez determina las reglamentaciones respectivas para su desarrollo e implementación por las entidades involucradas tal como el Servicio de Registro Cívico, por ejemplo.

Entre algunas de las disposiciones transitorias cabe mencionar la primera refería a que “Las causas en trámite iniciadas de acuerdo a la Ley N° 996 del 4 de Abril de 1988 Código de Familia, proseguirán según el proceso establecido en ese ordenamiento hasta su conclusión”.

Por otra parte, tomando en cuenta las necesidades de capacitación y socialización de la norma, se prevé que el Código entre en vigencia de acuerdo a lo siguiente:

a)  El Libro Primero entrará en vigencia a partir de la publicación del Código.

b)  El Libro Segundo entrará en vigencia seis (6) meses después de la publicación del Código; vencido este plazo, tendrá vigencia plena todo el cuerpo normativo.

En lo relativo a los juzgados públicos en materia familiar, se establece un plazo no mayor a seis (6) meses desde publicación, para que el Consejo de la Magistratura cree, traslade o suprima Juzgados Públicos en Materia Familiar según necesidad y resultados de un estudio técnico previo.

Finalmente a efectos de la implementación el Ministerio de Justicia presidirá y conformará una Comisión Interinstitucional, que  elaborará y ejecutará un programa de implementación que defina políticas institucionales para una adecuada implementación del Código de Familias, y seguimiento al accionar de las instituciones competentes en la implementación de la norma.

Retos en la aplicación de la norma

a)  El proyecto de Código de las Familias y del Proceso Familiar representa un importante avance en la protección de las relaciones familiares y el reconocimiento de derechos de los integrantes de las familias, entendida ésta como sujeto de derechos.

Se desarrollan así las bases fundamentales y disposiciones constitucionales establecidas en los Artículos 62 al 66 de la Constitución Política del Estado. En algunas de las instituciones de familia se ha promovido un enfoque desjudicializador de los procesos familiares, aunque todavía esté presente la vía judicial para el ejercicio de garantías jurisdiccionales a los derechos fundamentales.

b)  La nueva estructura del proyecto incorpora un Segundo Libro sobre el Proceso Familiar especializado para la tutela jurisdiccional más efectiva de las disposiciones sustantivas de la materia.

c)   El fortalecimiento del sistema de procedimiento oral en el Proceso Familiar, enfrentará como retos el peligro de la retórica y la elocuencia estéril, una mayor capacidad técnica-profesional de autoridades jurisdiccionales y profesionales del derecho, y la utilidad del sistema escriturado con sentido complementario y funcional.

*Diputada del Estado Plurinacional de Bolivia, ex presidenta de la comisión de organización territorial del Estado y autonomías, ex presidenta de la Cámara de diputados, Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y de la Brigada Parlamentaria Cruceña.