jueves, 3 de julio de 2014

PROYECTO DE LEY SOBRE LA MALA PRÁCTICA EN SALUD



























“…Si la patria es el bien común, una
ley patriótica es una que amplia derechos…”

Álvaro García Linera
Vicepresidente del Estado
Sesión de Honor en Conmemoración
a los CLXXXIV años
de la fundación de la República,
Sucre, 6 agosto de 2009












PROYECTO DE LEY
CONTRA LA MALA PRÁCTICA EN SALUD

EXPOSICION DE MOTIVOS


I
OBJETIVO DE LA NORMA


La salud es la afirmación de la vida, es el derecho fundamental al cuál toda persona debe tener acceso sin privilegios, ni exclusiones, por lo que se convierte en una condición especial para el desarrollo personal y colectivo.

Los avances normativos alcanzados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene una asignatura pendiente, cumplir con el mandato del parágrafo II. del Art. 39 de la Constitución Política del Estado que determina: “La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica”, por lo que el objetivo del presente proyecto de ley es dotar al importante cuerpo normativo existente en la materia, de un instrumento legal por el que se establezcan las responsabilidades por la práctica en salud, a fin de garantizar el ejercido de los derechos a la salud y la vida a las personas.

En ese entendido se pretende que el presente Proyecto de Ley, al ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgado por el Presidente del Estado, Juan Evo Morales Ayma, se convierta en un verdadero instrumento jurídico que haga realidad y consolide los principios enarbolados en la Constitución Política del Estado, cuyo Capítulo II al enunciar los derechos fundamentales, en su artículo 18, establece lo siguiente: I. “Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. III…El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno".


II
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

La inquietante, dolorosa y creciente cantidad de denuncias sobre mala práctica, ha generado en el gran conjunto de afectados, una sensación de desamparo por parte del Estado.

La mala práctica médica no es un hecho propio de la época actual, ni hecho exclusivo del país y mucho menos de los profesionales de la medicina, empero cabe señalar que tal conducta, a diferencia de otras igualmente reprochables como el robo o el homicidio, no es parte de nuestro ordenamiento jurídico como una figura propia, lo cual ha distorsionado la administración de justicia.

La historia ha demostrado que en su travesía, los pueblos han adquirido y establecido determinadas figuras en el ordenamiento legal, en concordancia con las circunstancias económicas, sociales y políticas de las mismas. “Desde los tiempos primitivos el origen de las enfermedades no era atribuido a causas físicas y orgánicas. Los males eran producidos por el castigo de los dioses razón por la cual quienes desempeñaban el papel de médico eran los sacerdotes, hacían de mediadores entre lo divino y lo terrenal, intercediendo por la salud de sus semejantes. Si el sacerdote no lograba restablecer los quebrantos de su paciente, no se le podía imputar ninguna responsabilidad”.

Cardona Hernández señala que: “si el enfermo después de un tratamiento continuaba afectado de sus dolencias o sufría complicaciones graves o no sanaba, lo tomaba como una maldición de los seres vivos, entendían que los Dioses no querían realizar la curación, por lo que esté enfermo tenía que soportar el abandono, y el cumplimiento de esa voluntad superior”.

Pero esta concepción fue avanzando en el tiempo, porque el hombre entendió que la voluntad de ese Ser Superior, no era de castigo, sino de vida y vida sana, por lo que desde el famoso Código de Hammurabi, en la antigua Persia (1760 ac) se establecieron penalidades para la mala práctica terapéutica, de la siguiente manera: “Si el médico ha tratado con su lanza de bronce el absceso del ojo de un caballero y lo ha curado, recibirá en recompensa monedas de oro, pero si al contrario, le ha causado la pérdida del ojo, se le cortarán las manos”

En este contexto, considerando la necesidad de contar con una norma legal frente al vacío jurídico en la legislación vigente ante una mala práctica en salud de adversos e inevitables resultados, es necesario devolver a los pacientes y sus familias, la seguridad y confianza de contar con servicios de salud eficientes, de alta calidad profesional y humana que reduzcan al mínimo la posibilidad de casos de mala práctica en salud, y al mismo tiempo dotar a los servidores en salud; de un instrumento jurídico específico y objetivo.

Desde la perspectiva jurídica en el marco de la legislación comparada se afirma que la mala práctica en salud se genera, como consecuencia de la negligencia, impericia, imprudencia o incumplimiento de normas.

En este contexto, a pesar de que el ordenamiento jurídico boliviano a nivel constitucional, ordinario y reglamentario regula disposiciones para proteger la vida y la salud y en general a la persona de forma integral, dicho ordenamiento no preceptúa disposición legal alguna en el Código Penal y Código Civil, así como tampoco en la Ley del Ejercicio Profesional Médico ni en su reglamento sobre la mala práctica médica, término que adquiere trascendencia y hace necesaria su definición y correcta comprensión cuando uno se encuentra frente a un caso de negligencia, impericia imprudencia o incumplimiento normativo en un acto de atención en salud.

El resultado de la ausencia de un tipo penal expreso, supone que el personal de salud puede realizar una mala práctica en salud, sin que por ello sea sancionado, pues tiene como fundamento el principio de legalidad, si la conducta no está contemplada en la ley. En consecuencia, esta no puede sancionarse como tal si la ley penal no califica (tipifica) la acción u omisión en forma expresa o inequívoca como infracción punible, su sanción es imposible. Dicho de otra manera, sino existe el tipo penal expreso, los órganos jurisdiccionales seguirán tratando los casos de acto médico negligente, como homicidios culposos, delitos por lesiones graves o gravísimas, lo que a la luz de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, este vacío jurídico menoscaba o anula el ejercicio de los Derechos Humanos fundamentales, y además genera inseguridad jurídica en el profesional del área de salud.

III
JUSTIFICACION

La Constitución Política del Estado establece con claridad meridiana la importancia y trascendencia del derecho a la salud, otorgándole el respectivo rango constitucional, sin embargo, como en cualquier otro Estado, las normas jurídicas, cada una de ellas tienen su propio ámbito de acción y aplicación. Ello significa que hay normas superlativas que dan las líneas maestras de manera general, como es el caso de una Constitución y otras que se encargan de hilar más fino sobre un determinado tema, regulando fundamentalmente las formas y procedimientos de cómo deben materializarse los derechos de las personas.

Precisamente el objetivo de esta Ley es: definir la mala práctica en salud, los mecanismos pertinentes para hacer posible una completa y correcta aplicación de los principios enarbolados en el texto constitucional, respecto al derecho a la salud y al deber del Estado de vigilar y sancionar acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica, siempre en el marco del respeto a la jerarquía normativa establecida en el Art. 410 de nuestra Constitución, la misma que está ubicada en la cúspide de la pirámide, como norma de aplicación preferente, junto a los convenios internacionales suscritos y ratificados por Bolivia en materia de derechos humanos, identificando a la ley como un instrumento jurídico que también tiene su propia jerarquía frente a otras normas legales, pero subordinada al texto constitucional.

IV
BASES CONSTITUCIONALES Y MARCO NORMATIVO

El Proceso Constituyente, (2003-2008) es la “punta” de una profunda revolución democrática en la que suceden cambios reales y estructurales; desde la caída de un sistema político agonizante (2003) y por ende de un modelo de Estado Neoliberal que significó el saqueo de recursos naturales y la pérdida de soberanía y dignidad; a la ascensión del primer presidente indígena campesino(2006), la aprobación por referéndum de la Nueva Constitución (2008) y la puesta en marcha de un Estado singularmente plurinacional, nuevo y en pleno proceso de construcción, que está llevando a un empoderamiento progresivo en el ejercicio de sus derechos a grupos sociales, antes ignorados..

Esta revolución del siglo XXI no puede ser mirada de manera romanticista; sino como lo que es: revolución popular plurinacional con culturas de vida diferentes, dispersas, excluidas que conforman el mosaico del Nuevo Estado donde se pone en evidencia el pasado largo, el inmediato y éste presente que apenas nace.

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado, el 7 de febrero de 2009, se inicia la construcción del nuevo Estado Plurinacional, sustentado en una nueva arquitectura institucional, en la que tenemos tres niveles de Gobierno: el nacional general, el departamental y el municipal; estos últimos con facultades legislativas, es decir, con capacidad de hacer leyes, de elegir a sus autoridades y con la administración del 45 al 48 por ciento de los recursos del Tesoro General del Estado (TGE).

Esta nueva Norma Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia establece como uno de sus fines en su capítulo II; « principios, valores y fines del Estado»: Garantizar el acceso de las personas a la salud, a la educación y al trabajo.
Es pues la salud un fin del Estado y por lo tanto una prioridad en sus políticas. La Constitución Política del Estado dedica en el Capítulo V, sección II; 11 artículos al derecho a la salud y a la seguridad social.

Otorgándoles a estos derechos la calidad de “Derechos Fundamentales”, lo que significa que estos derechos son indispensables para preservar la condición y dignidad humanas, los mismos que pueden ser individuales (derecho a la vida) como colectivos (derecho a la salud), El Art. 13 de la Constitución Política del Estado; los caracteriza como: inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Y es esta última característica, derechos progresivos (que significa que a medida del desarrollo de la humanidad, nuevos derechos van emergiendo según las necesidades sociales) es precisamente uno de los elementos base para la presente propuesta de ley.

La Norma Fundamental del Estado, por su poder constitutivo, se complementa a través de otras normas jurídicas, por lo que se hace necesario el desarrollo legislativo para que el mandato de la Constitución alcance su eficacia completa, es lo que en la teoría constitucional se denomina “reserva legal”. Este es el caso, del Art. 39 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado” establece: “La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica”. Siendo la Constitución el máximo cuerpo normativo, cuyo fin radica en la preservación de los derechos de las personas, tanto individuales como colectivos, esta impone a los legisladores su desarrollo normativo.

A partir de la fundación de este nuevo Estado Plurinacional incluyente referido ya precedentemente, los derechos humanos se constituyen en uno de los fines superlativos de éste. En ese entendido, en el contexto de la integralidad de dichos derechos y la interdependencia de los mismos, emerge la salud como un componente indisoluble del derecho a la vida.

La comunidad internacional instituyó un conjunto de instrumentos jurídicos(pactos, convenios, declaraciones, protocolos facultativos), a través de los cuales pretende que los Estados adopten los mecanismos necesarios e implementen las políticas adecuadas, a efecto de que al interior de sus territorios, sus habitantes tengan garantizados sus más elementales derechos y entre ellos el insoslayable derecho a la salud. Ese es el motivo por el que el Estado boliviano, fiel a sus principios democráticos, estableció que dicha normativa internacional sobre derechos humanos, goza de primacía frente al ordenamiento jurídico interno y forme parte del bloque de constitucionalidad.

Ello significa que el derecho a la salud, en todas sus dimensiones constituye un imperativo categórico para que todas las entidades hagan prevalecer.
El Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido. la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios..."

Asimismo, el Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que: “1.- Los Estados que conforman el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud, física y mental. 2.- Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: …d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad"

A la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entendida la salud como un bien jurídico que el Estado debe promover y preservar, emerge la iniciativa del presente proyecto que pretende allanar una asignatura en el ámbito normativo, cuyo vacío legal ha llegado a constituir una virtual vulneración del derecho a la salud y como consecuencia lógica, un atentado al derecho a la vida.

Entrando al marco normativo nacional, en este caso constitucional, consideramos las siguientes interpretaciones:

Constitución Política del Estado: Salud

Art.18.I: Todas las personas tienen derecho a la salud (Relacionado a D.S. N° 28899).

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna (Relacionado a Ley N° 475 De Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia y el D. S. N° 1984 Reglamento a la Ley N° 475, De Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia).

III. El Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural e intercultural, participativo con calidad, calidez y control social.

El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. (Ley N° 475).

Constitución Política del Estado: Promoción y Ejecución de Políticas

Art. 35. I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorarla calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. (Relacionado con la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”).

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos. (Plurinacionalidad)

Art. 36. I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley.

Art. 38. I. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán ser privatizados ni concesionados.

II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.

Art. 39.I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.

II. LA LEY SANCIONARÁ LAS ACCIONES U OMISIONES NEGLIGENTES EN EL EJERCICIO DE LA PRÁCTICA MÉDICA.

Constitución Política del Estado: Desactivación de Monopolio

Art.41. l. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos.
II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y en su caso, determinará su importación.

lll. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y comercialización y contemplará estándares de calidad y primera generación.

Constitución Política del Estado: Medicina Tradicional

Art.42.l. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

ll. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

lll. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio.

Constitución Política del Estado: Consentimiento Informado, D.S. N° 28168

Art.43. La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia.

Art. 44.l. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida.

ll. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento.



Constitución Política del Estado: Universalidad

Art.45.l. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

ll. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

lll. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

lV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. (Asociado a la Ley Integral de Salud y Al sistema de Pensiones Solidario)

Los preceptos constitucionales descritos evidencian que el Estado Plurinacional de Bolivia, no solo que está actuando bajo los estándares delineados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino que cada día va fortaleciendo sus convicciones en aras de la materialización de todos y cada uno de los derechos establecidos.

V
POLÍTICAS GENERALES DE ESTADO
Y DE INCIDENCIA EN EL SECTOR SALUD


• A 8 Años del Nuevo Estado Plurinacional a la Cabeza del Primer Presidente Indígena de Bolivia, Don Juan Evo Morales Ayma


En resumen se tiene:

 La renta acumulada asciende a 21.000 millones de dólares y la inversión se ha disparado a una cifra impensable en Bolivia: 10.000 millones de dólares.
 Bolivia tiene en estos momentos una de las economías más estables y sostenibles en su crecimiento a nivel regional.
 A nivel educación se ubica en 2do. Lugar después de Cuba.
 El año 2006 la política social dio también un giro sustancial estructural pues el destino de los recursos económicos del estado son destinados a la salud, educación, soberanía alimentaria, agua potable, infraestructura, industrialización.
 El incremento del presupuesto para salud en 8 años de gobierno ha sido del 47.6% de 55.000 millones de bolivianos a 288.000 millones de bolivianos. El incremento de Ítems llego a 8.750.
 La Ley 847 recientemente reglamentada autoriza y faculta a las entidades autónomas a contratación de personal.

Informe del Presidente Constitucional Don Evo Morales Ayma sobre Políticas de Incidencia en el Sector Salud (Enero 2014)
Destaca:

 Ley integral de salud con cobertura para todas y todos los ciudadanos a simple presentación de carnet de identidad.
 Universalización de agua potable y riego: Programa “MI AGUA” I Y II.
 Incentivo al consumo de leche.
 Erradicación de la malaria.
 Promoción para el desayuno y almuerzo escolar saludable.
 Bonos sociales, Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy.
 Infraestructura: más de 750 hospitales modernos.

 Alimentación: Apoyo decidido a la agropecuaria y agro industria para la soberanía alimentaria.
 Comunicación: Satélite Tupak Katari con incidencia en programas de telemedicina y revolución vial.
 Gas domiciliario.
 Plan de viviendas como el Plan de Vivienda Social y Solidaria (PVS), en concordancia con la Ley N° 393de Servicios Financieros y las nuevas tasas de interés bancarias para acceder a una vivienda.
 Disminución sustancial de la pobreza extrema.
 Empleos con seguro vida


VI
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Es en este objetivo que se inscribe el presente Proyecto de Ley, el mismo que fija con claridad meridiana que se entiende como mala práctica de atención en salud o mal praxis médica, así como define la mala práctica de gestión en salud administrativa, estableciendo sus sanciones.

La promulgación de esta Ley contribuirá visiblemente a que la población se encuentre informada sobre sus derechos y deberes, que los prestadores de servicios de salud actúen con mayor responsabilidad, calidad y calidez en la atención que brindan a todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud y sus familias.




















PROYECTO DE LEY CONTRA LA MALA PRÁCTICA EN SALUD

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
MARCO JURIDICO, OBJETO Y FUNDAMENTOS

Artículo 1. (MARCO CONSTITUCIONAL) La presente Ley se fundamenta en el mandato constitucional establecido en el artículo 18 Parágrafo I, artículo 35 Parágrafo I y II; artículo 39 y artículo 410 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

Artículo 2. (OBJETO) La presente Ley tiene por objeto proteger el derecho a la vida y a la salud de todas las bolivianas, bolivianos y residentes extranjeros en el Estado Plurinacional de Bolivia, de la mala práctica de la gestión y atención en salud.

Artículo 3. (PRIORIDAD NACIONAL) I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional garantizar el derecho a la buena práctica en salud.

II. Los Órganos del Estado del nivel central, las entidades territoriales autónomas y todas las demás instituciones públicas en sus diferentes instancias, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio, para garantizar el derecho a buena práctica en salud.

Artículo 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN) La presente Ley se aplicará a todo el personal que preste servicios integrales de salud en las instituciones y establecimientos, del sector público, de la seguridad social a corto plazo, sector privado y medicina tradicional en el territorio boliviano. Así como a toda persona que acude a los servicios de salud en las instituciones y establecimientos, del sector público, de la seguridad social a corto plazo, sector privado y medicina tradicional.

Artículo 5. (FINES) Los fines de la presente Ley son:

1. Garantizar el derecho a la salud y a la vida para el Vivir Bien.
2. Garantizar una adecuada gestión y atención en salud.
3. Establecer responsabilidades individuales y colectivas por la mala práctica en la gestión y atención en salud.


CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 6. (PRINCIPIOS) La presente Ley se rige por los siguientes principios:

1. Vivir Bien.- Es la condición y desarrollo de una vida sana física, emocional y psicológica del paciente, en armonía consigo mismo, el entorno familiar, social y el medio ambiente.

2. Trato Digno.- Los pacientes y su familia y/o acompañantes, recibirán un trato digno, y no podrán ser sujetos de discriminación, degradación, marginación, humillación y postergación en la atención en salud.

3. Igualdad.- Todas las personas sin excepción deben ser atendidas en servicios de salud en igualdad de condiciones.

4. No Discriminación.- Todas las personas serán atendidas en todos los servicios de salud sin distinción de raza, cultura, edad, sexo, orientación sexual, idioma, ideología religiosa o política, origen, condición económica o social, apariencia, independientemente del grado de evolución de su enfermedad.

5. Oportunidad.- Todos los pacientes obtendrán servicios en salud que requieran, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.

6. Solidaridad.- Es el compromiso afectivo y efectivo, el trato cordial y respetuoso de las y los servidores en salud al paciente y su familia y/o acompañante en toda institución prestadora de servicios en salud.

7. Calidez.- Es el trato amable que recibe el paciente por parte de la persona que lo atiende, con buena predisposición para escucharlo y entender sus problemas o inquietudes.

8. Calidad.- Todas las instituciones y establecimientos que prestan servicios de salud, deben realizar los máximos esfuerzos aplicando todos los conocimientos, equipamientos, infraestructura disponibles, y aprovechando oportunidades para satisfacer las expectativas de las y los pacientes, cuidando su seguridad y usando eficientemente los recursos disponibles en la misma.

9. Legalidad.- Toda acción o intervención en salud, por estar sujetos a las leyes y la normativa vigente.

10. Eficiencia.- Obtener los mejores resultados con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que sean necesarios para la protección de la salud y la vida del paciente.

11. Buena fe.- Las relaciones del paciente con el personal de los servicios de salud deben desarrollarse en un marco de confianza mutua y colaboración, por lo que se presume el actuar de ambos con noble intención y bajo principios éticos.

Artículo 7. (DEFINICIONES) Para efectos de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:

1. Acto médico.- Es toda atención en salud por servidoras y servidores legalmente habilitados, respaldada en protocolos y normativa vigente con calidad y calidez humana.

2. Auditoria Médica Interna.- Es el procedimiento de carácter técnico, evaluativo, preventivo, correctivo, propositivo y no punitivo que realiza internamente una unidad o servicio del establecimiento de salud, con relación a la atención en salud y acto médico realizado.

3. Auditoría Médica Externa.- Es el procedimiento técnico, analítico, evaluativo de carácter preventivo y correctivo realizado por auditores acreditados externos al establecimiento de salud, ante denuncias de mala práctica en salud. Se aplica a la atención en salud y acto o actos médicos cumplidos en un paciente determinado, mediante el análisis del expediente clínico, verificando el cumplimiento de normas, protocolos vigentes.

4. Consentimiento informado.- Es la conformidad o asentimiento por escrito del paciente, familia, tutor o encargado después de recibir la información necesaria para someterse a un procedimiento médico o intervención quirúrgica. Las situaciones de emergencia conforme a normas y procedimientos en salud constituyen la excepción para no solicitar el consentimiento informado.

5. Contravención Administrativa.- Transgresión a las normas, procedimientos y protocolos que regulan la gestión administrativa en salud

6. Corresponsabilidad en Salud.- Es la responsabilidad en salud, individual o compartida, de las servidoras y los servidores en salud donde se produjo el perjuicio o daño, o se realizaron acciones relacionadas con el mismo, al igual que por otras instancias involucradas, que por mal cumplimiento de sus funciones hubiesen condicionado directa o indirectamente a que se cometa dicho daño.

7. Diagnóstico médico.- Es aquel que identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición de salud en el individuo.

8. Dictamen pericial forense.-. Es un informe médico legal, basado en el estudio científico especializado en salud, que tiene por finalidad valorar la gestión y atención en salud, para determinar la existencia de mala práctica, vinculante a los órganos de administración de justicia.

9. Expediente clínico.- Es la documentación, desde el punto de vista médico, en el que se deja constancia los acontecimientos principales del acto médico y de la enfermedad del paciente. Desde el punto de vista jurídico, es la documentación que adquiere calidad de prueba dentro de un proceso judicial, que permite la observación retrospectiva del curso de esa relación y sus efectos.

10. Impericia.- Es la falta de conocimiento, de práctica, inexperiencia, torpeza, que derivan en la incapacidad técnica para el ejercicio de las funciones de las y los servidores en salud.

11. Imprudencia.- Es la omisión de precauciones establecidas en normas vigentes y correspondientes al ejercicio de la profesión o desempeño de las funciones de las y los servidores de salud.

12. Inobservancia a la normativa vigente.- Es el incumplimiento de las normas vigentes, procedimientos, protocolos médicos, administrativos y de seguridad por parte de las y los servidores de salud en el ejercicio de su profesión o desempeño de sus funciones.

13. Mala práctica en salud.- Son acciones u omisiones de carácter culposo, por: a) Negligencia; b) Impericia, c) Imprudencia o d) Inobservancia a la normativa vigente, realizadas por las servidoras y los servidores en salud en el ejercicio profesional o en el desempeño de sus funciones.

14. Negligencia en salud.- Son las acciones u omisiones vinculadas a dejadez, abandono, decidia, falta de atención, olvido de órdenes o precauciones, incumplimiento de normas y protocolos, y procedimientos que amenacen o causen lesión o muerte al paciente.

15. Personal Paramédico.- Son servidoras y servidores en salud, con formación especial para la asistencia y apoyo en salud.

16. Personal Ejecutivo.- Se entiende como personal ejecutivo a todas las máximas autoridades jerárquicas de los centros, establecimientos e instituciones públicas o privadas en salud.

17. Personal administrativo.- Son los servidores y servidoras en salud, que cumplen tareas administrativas de conformidad a la estructura organizacional de cada establecimiento de salud.

18. Procedimiento clínico.- Es la acción que realiza la médica o el médico en un tratamiento no quirúrgico, de forma ambulatoria o con internación hospitalaria; comprende desde la primera entrevista con el paciente incluyendo un diagnóstico y tratamiento hasta el alta médica respectiva.

19. Procedimiento quirúrgico.- Es la operación instrumental, total o parcial, de lesiones causadas por enfermedades o accidentes, con fines diagnósticos, de tratamiento o de rehabilitación de secuelas.

20. Procedimiento post-quirúrgico.- Es el período que transcurre entre el final de una intervención quirúrgica y la completa recuperación del paciente, o la recuperación parcial del mismo, sin compromiso de los sistemas.

21. Responsabilidad en salud.- Es la responsabilidad legal de las servidoras y servidores en salud por las acciones u omisiones que, en el ejercicio profesional o desempeño de sus funciones afecten la salud y la vida del paciente y su familia.


TÍTULO II

RELACION DEL PACIENTE CON LAS Y LOS SERVIDORES EN SALUD

CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 8. (DERECHOS DE LA Y EL PACIENTE) Son derechos de los pacientes en los servicios de salud:

1. Derecho a la vida y a la salud.
2. Recibir toda la información oportuna y suficiente sobre diagnóstico, tratamiento y pronóstico, de acuerdo a normativa y protocolos vigentes.
3. Recibir un trato, digno y amable, de acuerdo a los principios establecidos en la presente Ley.
4. Recibir atención integral en salud de manera adecuada, con celeridad, oportunidad, calidad y calidez.
5. Ser examinado diligentemente en el marco del respeto a su intimidad.
6. El paciente tiene derecho a una atención médica continua hasta la conclusión de su tratamiento.
7. Elegir a la médica o médico tratante de su preferencia, de acuerdo a disponibilidad institucional en los casos del seguro social a corto plazo e instituciones públicas de salud.
8. Solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento.
9. Confidencialidad, toda la información identificable del estado de salud, condición médica, diagnóstico y tratamiento de un paciente y otra información de tipo personal, debe mantenerse en secreto, incluso después de su muerte.
10. Otorgar o negar su consentimiento expreso para que le sean realizados exámenes o procedimientos de diagnóstico o terapéuticos, previa información oportuna, suficiente, comprensible y veraz.
11. El paciente tiene derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones libremente en relación a su persona. El médico informará al paciente las consecuencias de su decisión.
12. Acceso a una copia de su historial clínico, independiente de que el servicio en salud sea público o privado.
13. Dar su consentimiento expreso para ser parte en procesos de enseñanza o investigación.
14. Acceso en caso de emergencia a cualquier establecimiento de salud, independientemente si tiene o no seguro de salud.
15. Recibir un trato personalizado, con respeto a sus costumbres, y valores étnicos culturales.
16. Ser tratado de manera justa y equitativa al igual que todos los pacientes.
17. Ser atendido de emergencia en caso de estar inconsciente, independientemente si cuenta o no con un representante legal para dar el consentimiento respectivo.
18. Acceso a un buen tratamiento para aliviar su sufrimiento, según la medicina por evidencia.
19. Digna atención terminal humana y a recibir toda la ayuda disponible para que muera lo más digna y aliviadamente posible.
20. El paciente tiene derecho a recibir o rechazar asistencia espiritual y moral.

Artículo 9. (OBLIGACIONES DE LA Y EL PACIENTE) Son obligaciones de la y el paciente:

1. Acudir oportunamente en caso de enfermedad o dolencia a un centro médico o institución para recibir atención en salud.
2. Comunicar al médico todo lo relacionado sobre su condición de salud brindando una información completa y fidedigna sobre sus antecedentes personales y familiares en salud.
3. Cumplir estrictamente con el tratamiento indicado y prescrito por la ó el médico tratante.
4. Respetar las normas establecidas en los centros e instituciones de atención en salud.
5. Cuidar la salud y practicar estilos de vida saludables.
6. Realizar de manera oportuna sus reclamos y denuncias sobre cualquier acto de mala práctica en salud y vulneración de sus derechos humanos ante instancia pertinente.
7. Trato digno y respetuoso a los servidores en salud, los otros enfermos y acompañantes
8. Solicitar información sobre las normas de funcionamiento de los establecimientos e instituciones en salud.
9. Firmar el documento de Alta solicitada, en los casos de no aceptación de los métodos de tratamiento, deslindando de completa responsabilidad a la médica o médico tratante.
10. Cuidar las instalaciones y seguir las normas sanitarias establecidas.

Artículo 10. (DERECHOS DE LAS Y LOS SERVIDORES EN SALUD) Son derechos de los servidores en salud, los siguientes:

1. Derecho al trabajo y reconocimiento de acuerdo a sus capacidades y responsabilidades profesionales en base a normativa vigente.
2. Trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones.
3. Tener la dotación suficiente y oportuna de suministros médicos, infraestructura y equipos médicos para brindar una adecuada y oportuna atención a los pacientes.
4. Ejercicio y desempeño de su profesión sin ser sujeto de presiones de cualquier naturaleza que impida una buena atención al paciente.
5. Trato digno y respetuoso del paciente, los familiares y los acompañantes de este.
6. Respeto a la médica o médico tratante, respecto a su criterio médico, diagnóstico y terapéutico, y su libertad prescriptiva.
7. Defensa y debido proceso de acuerdo a normativa vigente.
Artículo 11. (OBLIGACIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES EN SALUD) Las obligaciones de las y los servidores en salud son:

1. Cumplir con los principios establecidos en normativa vigente.
2. Estar acreditado por la instancia nacional competente para el ejercicio profesional en salud y médicos tradicionales.
3. Respetar el consentimiento expresado por el paciente, cuando rechace el tratamiento u hospitalización que se le hubiere indicado.
4. Cumplir los protocolos oficiales, de acuerdo a las normas técnicas establecidas por el Ministerio competente.
5. En caso de urgencia ninguna servidora o servidor en salud, centro de salud público o privado, podrá negar atención básica y en caso de peligro de muerte intervenir sin consentimiento expreso.
6. Otorgar los beneficios de la medicina, de acuerdo a parámetros de calidad y eficiencia médica, a toda persona que los necesite, de acuerdo a los principios establecidos en la presente ley.
7. Informar debidamente al paciente o responsables legales, con anterioridad a su intervención sobre los riesgos que pueda implicar el acto médico.
8. Guardar el secreto médico aunque haya cesado la prestación de sus servicios
9. Capacitación médica continua y actualización en forma obligatoria de acuerdo a normativa vigente.
10. No hacer abandono de su lugar de trabajo, en instituciones estatales, de la seguridad social y privada para fines particulares; ni delegar responsabilidad a subalternos.
11. Colaborar a las autoridades del sistema nacional de salud en casos de epidemias, desastres o emergencias.
12. Otros de acuerdo a normativa vigente.

Artículo 12. (OBLIGACIONES DEL NIVEL CENTRAL DE GOBIERNO Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMIAS) En el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 031 “Andrés Ibáñez”, el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, tienen las siguientes obligaciones:

1. Ministerio de Salud:

a) Elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionados con la salud.

2. Gobiernos Autónomos Departamentales:

a) Proveer a los establecimientos de salud del tercer nivel, servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso.

b) Acreditar los servicios de salud dentro del departamento de acuerdo a la norma del nivel central del Estado.

c) Monitorear, supervisar y evaluar el desempeño de los directores, equipo de salud, personal médico y administrativo del departamento en coordinación y concurrente con el médico.

3. Gobiernos Autónomos Municipales:

a) Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención, organizados en la red municipal de salud familiar, comunitaria e intercultural.

b) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su jurisdicción: Servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso.
Artículo 13. (NIVELES DE ATENCIÓN) I. Los niveles de atención en los servicios de salud son:

1. Primer Nivel: Centro de salud, consultorio médico, centro de salud con camas de tránsito y policlínico, atenciones ambulatorias, problemas de salud basados en el autocuidado de la salud, la consulta ambulatoria y la intervención de tránsito.

2. Segundo Nivel: Hospitales generales con servicio de especialidades básicas, consulta ambulatoria de mayor complejidad e internación: pediatría, ginecología, cirugía general y medicina interna.

3. Tercer Nivel: Hospitales e institutos especializados de alta resolución y de especialidades, capacidad de resolución, consulta ambulatoria de alta complejidad, e internación hospitalaria de especialidades y sub especialidades.

II. Todos los niveles de atención en los servicios de salud deberán informar de forma escrita y visible el alcance de los servicios y la cobertura que prestan.


TÌTULO III
REGIMEN SANCIONATORIO DE LA MALA PRÁCTICA EN SALUD

CAPITULO I
SUJETOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Artículo 14. (SUJETOS INDIVIDUALES). Los sujetos individuales que serán sometidos al presente régimen sancionatorio son los siguientes:

1. Médica o médico con o sin especialidad.
2. Enfermera o enfermero con o sin especialidad.
3. Auxiliares de Enfermería.
4. Máxima Autoridad Ejecutiva en las instancias competentes.
5. Personal administrativo, de apoyo y de servicio.
6. Odontólogas u odontólogos.
7. Bioquímicos/Farmacéuticos.
8. Médicos Tradicionales.
9. Otros profesionales o técnicos en salud.

Artículo 15. (SUJETOS COLECTIVOS) Los sujetos colectivos que serán sometidos al presente régimen sancionatorio en materia administrativa y civil, son los siguientes:

1. Ministerio de Salud.
2. Gobiernos Autónomos Departamentales.
3. Servicios Departamentales de Salud –SEDES.
4. Gobiernos Autónomos Municipales.
5. Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES.
6. Instituciones de seguro social a corto plazo.
7. Instituciones delegadas en salud, con administración independiente en salud con las mismas normas y código de la seguridad social.
8. Instituciones públicas en salud.
9. Instituciones privadas en salud.


CAPITULO II
RESPONSABILIDAD POR MALA PRÁCTICA EN SALUD

Artículo 16. (CLASIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES) La responsabilidad en salud se clasifican en:

1. Responsabilidad administrativa en salud.
2. Responsabilidad civil en salud.
3. Responsabilidad penal en salud.

Artículo 17. (RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN SALUD) La responsabilidad administrativa en salud es la contravención de las y los servidores en salud públicos y privados a la normativa administrativa establecida en la presente Ley y otras vigentes; esta será determinada por la autoridad competente.

Artículo 18. (RESPONSABILIDAD CIVIL EN SALUD) La responsabilidad civil en salud es el resarcimiento pecuniario de daños y perjuicios causados a la salud y/o a la vida del paciente o familiares por parte de los sujetos individuales y/o colectivos determinados en los Arts. 14 y 15 de la presente Ley. Esta será determinada y cuantificada por la autoridad jurisdiccional competente.

Artículo 19. (RESPONSABILIDAD PENAL EN SALUD) La responsabilidad penal en salud es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en la normativa vigente y/o en el Capítulo IV del presente Título, determinada por el juez competente, en todos aquellos casos de mala práctica plenamente demostrados por cualquier medio probatorio.



CAPITULO III
CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 20. (CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS) Para efectos de la presente Ley se establecen las siguientes contravenciones administrativas, como enunciativas y no limitativas de las que pudieren existir:

1. Procedimiento laboratorial químico y farmacéutico erróneo.
2. Incumplimiento de normas y protocolos.
3. Negligencia en la atención en casos de emergencias.
4. Maltrato a los pacientes, familiares y/o acompañantes.
5. Incumplimiento administrativo.
6. Retardación en la emisión de dictámenes médico forenses.
7. Negligencia en dictámenes de auditoría médica.

Artículo 21. (PROGRESIÓN DE CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS) I. A efectos de la presente Ley se establece la siguiente graduación de las sanciones:

1. Leve, que consiste en la amonestación escrita, bajo registro para efectos de evaluación de desempeño.
2. Grave, que es la severa amonestación escrita, bajo registro y descuento del veinte por ciento 20% del salario mensual.
3. Gravísima, es la suspensión temporal del cargo, sin goce de haberes por 30 días.
4. Destitución en el ejercicio de sus funciones.

II. La sanción administrativa se impondrá por la autoridad competente tomando en cuenta los perjuicios y daños producidos.

Artículo 22. (PROCEDIMIENTO LABORATORIAL QUÍMICO ERRÓNEO) Se denomina procedimiento laboratorial químico erróneo a:

a) Una mala recolección de muestras.
b) A dar malas referencias de ayuno y a la no verificación de la edad, tal como establece el protocolo.
c) Al no almacenamiento de contra muestras para futuros controles de calidad.
d) Al incumplimiento de términos establecidos en protocolos de salud para la entrega del informe de laboratorio correspondiente a los resultados.

La bioquímica o el bioquímico será sancionado por autoridad competente en el caso del inciso a), de conformidad al artículo 21 numeral 1. La conducta de la o el servidor en salud que se adecue a los incisos b) y c), serán pasibles a la sanción, prevista en los numerales 2 y 3 del artículo citado precedentemente.

Artículo 23. (INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROTOCOLOS) El incumplimiento de normas y protocolos que tengan como consecuencia, un daño leve a la salud del paciente, será sancionado de acuerdo al Artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 24. (NEGLIGENCIA EN LA ATENCIÓN EN CASOS EMERGENCIAS) En los casos de emergencia en los que la o el servidor en salud, se negare, retrasare, no asistiera o abandonare su fuente laboral, incumpliere la presente Ley y la normativa vigente, y no tomare en cuenta el historial clínico y/o antecedentes del paciente, será pasible a la sanción establecida en ellos numerales 2, 3 y 4 del artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 25. (MALTRATO A LOS PACIENTES, FAMILIARES Y/O ACOMPAÑANTES) Las servidoras y los servidores en salud en caso de incurrir en maltrato al paciente, familiares y/o acompañantes, a denuncia ante la autoridad ejecutiva, serán pasibles a la sanción establecida en los numerales 2 y 3 del artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 26. (INCUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO) El incumplimiento administrativo de las y los servidores en salud que pudieran ocasionar daños severos a la salud de los pacientes, serán sancionados de conformidad a los numerales 2 y 3 del artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 27. (RETARDACIÓN EN LA EMISIÓN DE DICTÁMENES MÉDICO FORENSES) La retardación en la emisión de dictámenes médico forenses o una mala interpretación en los delitos contra la integridad corporal y la salud, contraviniendo la normativa vigente, y a denuncia ante la autoridad competente, será pasible a los numerales 2 y 3 del artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 28. (NEGLIGENCIA EN DICTÁMENES DE AUDITORÍA MÉDICA) Se entiende por negligencia en dictámenes de auditoría médica al incumplimiento de los procedimientos técnicos, analíticos y evaluativos de acuerdo a las normas y protocolos en salud y dentro de los plazos previstos. La o el servidor en salud será sancionado conforme a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 29. (AUTONOMÍA DE LA SANCIÓN) La aplicación de las sanciones administrativas se cumplirá sin perjuicio de la acción penal y civil, cuando corresponda.

CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 30. (NUEVOS TIPOS PENALES) Incorpórese en el Código Penal los siguientes nuevos tipos penales:

1. Diagnóstico erróneo.
2. Procedimiento clínico, pre quirúrgico, quirúrgico y post quirúrgico erróneo.
3. Incumplimiento de normas y protocolos.
4. Negligencia en la atención en casos de emergencias.
5. Mala práctica de la farmacéutica y dispensación de medicamentos.
Artículo 31. (DIAGNÓSTICO ERRÓNEO) La o el servidor en salud que emitiere un diagnóstico erróneo, teniendo como resultado la afectación en la salud de un paciente, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años.

II. Si como consecuencia del diagnóstico erróneo se provocare la muerte del paciente, la pena será conforme a lo establecido en el artículo 36 de la presente Ley.

Artículo 32. (PROCEDIMIENTO CLÍNICO, PRE QUIRÚRGICO, QUIRÚRGICO Y/O POST QUIRÚRGICO ERRÓNEO) I. La o el servidor en salud que con impericia, imprudencia, negligencia y/o inobservancia de las normas, procedimientos, protocolos médicos y de seguridad, dañare a la salud del paciente, durante el procedimiento clínico, pre quirúrgico, quirúrgico y/o post quirúrgico; será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.

II. Si como consecuencia se provocare la muerte del paciente, la pena privativa de libertad será conforme a lo establecido en el Artículo 36 de la presente Ley.

Artículo 33. (INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROTOCOLOS). I. La o el servidor en salud que causare daño a la salud, será sancionado con multa de diez (10) hasta doscientos cuarenta (240) días y prestación de trabajo a un año, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 28 y 29 del Código Penal.

II. En caso de que se produjere la muerte; será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 36 de la presente Ley.

Artículo 34. (NEGLIGENCIA EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIAS) En casos de emergencia en los que el servidor en salud:

I. Se negare, retrasare, no asistiera o abandonare su fuente laboral, incumpliere la presente Ley y la normativa vigente, produciendo un daño grave a la salud; será sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a cinco (5) años.
II. No tomare en cuenta el historial clínico y/o antecedentes del paciente, produciéndose daño gravísimo en la salud, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.
III. Si se produjere la muerte; será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 36 de la presente Ley.

Artículo 35. (MALA PRÁCTICA DE LA FARMACIA CLINICA Y ATENCION FARMACEUTICA) Los que expendan o despachen medicamentos deteriorados, mal conservados, adulterados, caducados o que incumplan los estándares de calidad relativas a su composición, estabilidad y eficacia establecidas en la normativa vigente, o sustituyan por otros de diferente principio activo o denominación genérica y con ello pongan en peligro la vida o la salud del paciente y de la sociedad; serán sancionados con pena privativa de libertad de uno (1) a diez (10) años.

Artículo 36. (MODIFICACIÓNES AL CÓDIGO PENAL) I. Se modifican los artículos 260, 270, 271, 272 y 273, los cuales quedarán redactados con el siguiente texto:

“Artículo 260 Bis. (HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRÁCTICA EN SALUD) Si como resultado de una mala práctica en salud, se hubiese producido culposamente la muerte de un paciente, la ó el servidor en salud será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años”

“Artículo 270 Bis. (LESIONES GRAVÍSIMAS CULPOSAS POR MALA PRÁCTICA EN SALUD) Sí como resultado de una mala práctica en salud se produjeren culposamente, lesiones gravísimas a una persona, la ó él servidor en salud será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) años a ocho (8) años, cuando de la lesión resultare:

1. Una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable.
2. La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro o una función.
3. La incapacidad permanente para el trabajo.
4. La incapacidad temporal para el trabajo que sobrepase a ciento veinte (120) días.
5. La marca indeleble o la deformación permanente en el rostro.
6. El peligro inminente de perder la vida.

“Artículo 271 Bis. (LESIONES GRAVES CULPOSAS POR MALA PRÁCTICA EN SALUD) La o él servidor en salud a consecuencia de una mala práctica en salud ocasionare a un paciente un daño en el cuerpo o en la salud que derivare en incapacidad para el trabajo de treinta (30) a ciento veinte (120) días, será sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a cinco (5) años.

“Artículo 271 ter. (LESIONES LEVES CULPOSAS POR MALA PRÁCTICA EN SALUD) La ó él servidor que por mala práctica en salud ocasionare a un paciente daño al cuerpo o en la salud y que derivare en incapacidad hasta treinta (30) días; será sancionado con multa de quince (15) hasta sesenta (60) días y prestación de trabajo de tres (3) a seis (6) meses.

“Artículo 273 bis. (LESION CULPOSA SEGUIDA DE MUERTE POR MALA PRÁCTICA EN SALUD) La o el servidor en salud que produjere la muerte de un paciente que en primera instancia se haya determinado como lesión leve, grave o gravísima, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.”

Artículo 37. (ATENUANTES Y AGRAVANTES DE LA SANCIÓN) Se modifica el Artículo 272 del Código Penal, con el siguiente texto.

“Artículo 272 Bis. (ATENUANTES Y AGRAVANTES DE LA SANCIÓN). En los casos de los artículos anteriores, se tomarán en cuenta los procesos de mala práctica de gestión y atención en salud bajo corresponsabilidad, ya sea para agravar la sanción en un tercio del máximo o mínimo, o disminuirla en la mitad".

Artículo 38. (REEMPLAZO EN CASO DE SUSPENSIONES) Las sanciones mencionadas en la presente ley que derivaren en la suspensión laboral de la servidora o servidor en salud, deberán ser reemplazadas inmediatamente por las instituciones públicas y privadas en salud, por el tiempo que dure la sanción.

Artículo 39. (EXIMENTES DE CULPA Y RESPONSABILIDAD) Los daños que se imputan a una supuesta mala práctica de las servidoras y servidores en salud, pueden ser resultado de una serie de situaciones eximentes de culpa y responsabilidad, siempre que estas se hayan informado previa y adecuadamente a los pacientes, familiares, tutores o responsables legales, de los riesgos inherentes a los procesos de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y que conste en el consentimiento informado; estos casos son los siguientes:

1. Curso natural e inevitable de la enfermedad.
2. Limitaciones propias de la ciencia médica.
3. Estado de necesidad o urgencia.
4. Inocuidad del acto de las y los servidores en salud.
5. Error invencible o no subsanable de diagnóstico.
6. Caso fortuito:
a) Fracaso o falla terapéutica no imputable al profesional de salud.
b) Reacciones idiosincráticas, reacción única atribuible exclusivamente a la naturaleza individual del paciente.
c) Riesgo quirúrgico, siempre que se haya informado al paciente.
d) Hallazgos inesperados durante el acto quirúrgico.
e) Iatrogenias, daños terapéuticos colaterales producto de otros actos médicos, siempre que se haya informado al paciente; o los riesgos sean desconocidos al momento de la prescripción y realización del tratamiento.
f) Teratogénesis, mal formación congénita, siempre que se haya informado a la paciente embarazada o familiar; o los riesgos sean desconocidos al momento de la prescripción y realización del tratamiento
g) Infecciones asociadas a las atenciones de salud, siempre que se hayan cumplido los protocolos de atención.

7. Incumplimiento o negativa del paciente, familiares y/o representante legal al tratamiento o a los cuidados recomendados.


TITULO IV
DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN SALUD

CAPÍTULO I
AUDITORÍAS MÉDICAS

Artículo 40. (AUDITORIAS MÉDICAS) Las auditorías médicas internas y externas se aplicarán a todos los actos y procesos de gestión y atención en salud, en los que se presuma la existencia de indicios de mala práctica en salud; a solicitud expresa de los pacientes, familiares y/o representante legal.

Artículo 41. (RESPONSABLES DE LAS AUDITORÍAS MÉDICAS) Para fines de esta Ley, los responsables de realizar las auditorias médicas externas son:

1. Servicios Departamentales de Salud – SEDES. Responsables a nivel departamental de efectuar las auditorías médicas externas tanto para el sector público como privado, con excepción de la seguridad social a corto plazo.

2. Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES. Responsable a nivel nacional de efectuar las auditorías médicas externas en todos los entes gestores del seguro social a corto plazo y seguros de salud delegados.

Artículo 42. (INFORMES DE AUDITORÍA MÉDICA) Los informes de las auditorías médicas externas en salud serán consideradas como indicios de prueba dentro de los procesos judiciales que correspondan.





CAPÍTULO II
INSTANCIAS DE DENUNCIA Y DE INVESTIGACION

Artículo 43. (INSTANCIAS DE DENUNCIA EN MATERIA PENAL). Toda presunta víctima, su familiar o su representante legal, afectada en su salud a consecuencia de una mala práctica, podrá efectuar denuncia ante la Policía Boliviana o ante el Ministerio Público.

Artículo 44. (INSTANCIA RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA). El Instituto de Investigaciones Forenses-IDIF es la institución encargada de realizar los estudios científicos técnicos laboratoriales requeridos por instancias competentes, en delitos relacionados a la vida y a la salud de las personas.

Artículo 45. (DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE MALA PRÁCTICA EN SALUD). I. El Instituto de Investigaciones Forenses-IDIF, previo requerimiento fiscal u orden judicial, procederá a la revisión del expediente clínico u otros documentos médicos legales, para establecer:

4. La existencia de una afectación, secuela y/o muerte secundaria por la acción u omisión de la o el servidor en salud.
5. El nexo entre la causa y el efecto de la acción u omisión de la o el servidor en salud.
6. El elemento objetivo como daño en la salud y/o muerte.

II. El Instituto de Investigaciones Forenses-IDIF previa valoración de la supuesta víctima y de los documentos médico legales; emitirá un dictamen de carácter vinculante como elemento probatorio, respecto al grado de afectación o daño a la salud y/o vida del paciente.


TÍTULO V
DEFENSA DEL PACIENTE

CAPITULO ÚNICO
INSTITUCIONALIDAD


Artículo 46. (DEFENSA DEL PACIENTE). El Ministerio de Justicia es responsable de garantizar la protección del derecho a la vida, a la salud y a la defensa de los derechos de las y los usuarios de servicios de salud en casos de mala práctica.

Artículo 47. (ENTE RECTOR). I. El Ministerio de Justicia en el marco de sus competencias y atribuciones se constituye en el ente rector responsable de coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva de la presente Ley.

II. El Ente Rector coordinará la realización de políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la mala práctica en salud, con el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICION ÚNICA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Es dada en la Sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los….días del mes de…..de dos mil catorce años.


Betty Tejada
Proyectista

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