lunes, 21 de octubre de 2013

PIRA ï (río de peces)

A diferencia de otros países, los ríos urbanos de Bolivia, inmensa e incalculable riqueza natural irrecuperable; son “asesinados” a diario como si tuviéramos el don divino para reponerlos.

Pese a una extensa normativa existente que nos gusta recordar en cada escándalo político más que ambiental; pero no aplicarla de manera permanente; los ríos urbanos en toda Bolivia han acabado convertidos en canales, minas o basureros y su biodiversidad prácticamente es inexistente por toda la contaminación y desforestación incontrolable y el enturbiamiento permanente de sus aguas; además de un desvío irresponsable o represamiento que acaba debilitándolos o cortando el derecho de acceso ancestral a otros pueblos.

En el caso específico; la protección de bosques en riberas del río Piraí ha sido y es históricamente deficiente en todos los niveles de gobierno (nacional, departamental, municipal); así es que ninguna autoridad puede lavarse las manos a la hora de rendir cuentas sobre la gestión eficiente y efectiva sobre el río piraí.

Incluso las campañas de reforestación con inversiones millonarias; sin seguimiento alguno; no reflejan índices positivos en las riberas del piraí desde su cuenca alta hasta la baja; pues el piraí tiene 8 municipios responsables de su manejo integral. (Desde Samaipata hasta Portachuelo) y no es la construcción de un edifico público situado a mas de 800 metros de las riberas la que va a modificar sustancialmente el grave impacto ambiental ya existente; construcciones a no mas de 150 metros, actividades fuera de norma, contaminación permanente, perdida total de la biodiversidad. Cómo no va a ser necesaria una reforestación en serio, parte de un plan de manejo integral de todos los municipios ribereños.

Una auditoría realizada en el año 2010 por la contraloría general del Estado, da cuenta de la nula gestión integral en un río abandonado a sus suerte desde hacen muchos años. Inclusive el historiador cruceño Hernando Sanabria Fernández escribe un libro; “Piraí, biografía de un río boliviano” en el año 1.984 donde ya se señalan algunos daños y riesgos.


Marco legal.
La Constitución política del Estado en su título II; “Medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio”; desarrolla en sus 9 capítulos el deber del Estado y de la población respecto a la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los Recursos naturales y la biodiversidad. Bajo el paraguas constitucional, corresponde desarrollar legislación y políticas públicas en todos los niveles de gobierno de acuerdo a competencias establecidas en la misma constitución y ley marco de autonomías.

Competencias:
CPE. Art. 387.II La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socio económica, cultural y ecológica.
298.II.7. La competencia exclusiva del nivel central del Estado es política forestal y régimen general de suelos, y recursos forestales y bosques.
299.II.4 y 11. Establece la conservación de suelos, recursos forestales y bosques y protección de cuencas como competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

Ley 031 ley marco de autonomías y descentralización Andrés Ibañez. Establece que los gobiernos autónomos departamentales deben ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas, suelos, recursos forestales y bosques; y los gobiernos autónomos municipales deben ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.

La ley 1333; ley del medio ambiente promulgada el 27 de abril del año 1992; establece en su art. 19; “De la calidad ambiental”, que son objetivos del control de la calidad ambiental
1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales
a fin de elevar la calidad de vida de la población.
2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en
beneficio de la sociedad en su conjunto.
3. Prevenir, controlar restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o
peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales.
4. Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente a la
protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y futuras generaciones.
En este caso específico es la reglamentación de la ley 1333 la que establece el procedimiento para la construcción de un edificio, caso que nos ocupa; entre otras actividades y toma en cuenta todos los parámetros establecidos en la misma ley los cuales se procesan antes de otorgar la licencia ambiental por autoridad ambiental competente; con lo cual se cierra el ciclo del proceso.

La creación de la autoridad del bosque. La Autoridad nacional del bosque se crea el 9 de abril del año 2009 mediante DS No. 0071 en remplazo de la Superintendencia Forestal. Su objetivo es regular las actividades que realicen las personas naturales o jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas en el sector Forestal y tierra.

En el mismo DS el Art. 31 inc k. establece que la ABT puede plantear inclusive expropiación de tierras frágiles por la causal de conservación; bajo ciertos parámetros técnico-legales. No tenemos conocimiento si la ABT a iniciado alguna de estas expropiaciones bajo la causal señalada en el país, departamento, municipios o en el caso concreto.

Así mismo en el inc.m del mismo artículo se establece que la ABT tiene la facultad de “disponer mecanismos precautorios (Ex ante) necesarios para evitar el aprovechamiento de los recursos forestales y de la tierra en forma contraria a su capacidad de uso mayor. No tenemos conocimiento si la ABT ha emitido alguna resolución, directriz a la gobernación y a los municipios ribereños respecto al río Piraí.

La ley forestal No 1700 (del 12 de julio de 1996) en el capítulo II, art. 12 clasifica las tierras; en sus arts 13, 17 y 18 establece que tanto las tierras de protección, rehabilitación, inmovilización deben ser declaradas como tales a través de instrumentos técnicos y normativa por la autoridad nacional del bosque. No tenemos cocimiento si se ha realizado la clasificación de las especies forestales de relevancia socio económica, cultural y ecológica de las riberas del río.
También la ley forestal establece las características de las tierras de protección en su Art. 31; estableciendo además un procedimiento de declaración: “serán declaradas y delimitadas”.

La misma ley establece como servidumbre ecológica legal; las riberas de los ríos (Art. 35 Inc.f ); y a su vez estas servidumbres deben ser declaradas por la autoridad del bosque, tomando en cuenta el marco jurídico vigente y las competencias asignadas a todos los niveles involucrados por la constitución. No sabemos si existe algún trámite iniciado al respecto.

El DS 24124 modificado por la ley la ley PLUS obedeció a una iniciativa personal toda vez que hacen años la realidad ha excedido a la norma en todo el Departamento y la excusa reiterativa era que el DS PLUS era solo un decreto. Ley y todo; solo como ejemplo las reservas forestales El Chore y la Reserva Forestal de Guarayos han sido avasalladas por grandes, medianos y pequeños agricultores, ganaderos sin que exista a la fecha una política concertada que involucre no solo a los diferentes niveles de gobierno sino a todos los sectores y actores interesados.

Es la gobernación la que tiene que formular los planes de desarrollo departamental y en ese marco conceder los permisos y licencias ambientales que en este caso específico ha concedido a la Alcaldía de la capital para la construcción de una edificación; a 880 mts de las riberas del río. Si es así; la alcaldía tiene su ordenanza del 150/2009 “parque de protección ecológica del río piraí” que establece los usos permitidos, usos y actividades prohibidas y en esta ordenanza está citada la franja de protección y reforestación con una faja de 100 mts de ancho a partir del borde del primer defensivo y a lo largo de todo el parque de la ribera del río Piraí, para fines de usos estrictamente público y de dominio municipal. No sabemos si esta ordenanza ha sido impugnada por alguna autoridad.

Leyes de Betty Tejada Respecto al piraí.-

Ley 2122 Declaración del río Piraí 25 de septiembre del año 2.000: como patrimonio histórico y natural la cuenca del río piraí, con el objetivo de que tenga una característica especial y por lo tanto un manejo especial. (No ha habido voluntad política en el departamento para reglamentarla puesto que se requiere concertación, salvo el municipio capital que manifestó su voluntad cuando fue consultado en el año 2012)

Ley No 2913 que declara “parque ecológico metropolitano Piraí a todas las riberas del río piraí 18 de noviembre del año 2004. Ubicadas en los municipios de la metrópoli del departamento de Santa Cruz: Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, Porongo, La Guardia y el Torno (Sin reglamentar por la ausencia de voluntad de los municipios de la metrópoli para su concertación en el marco del costeo competencial)

Ley plus Ley Nº 2553, 4 de noviembre de 2003 (elevamos a rango de leyel PLUS para que el Departamento de Santa Cruz pueda tener mas herramientas legales en protección de los usos de sus suelos

ley No 3425. ley de áridos del 20 de junio del año 2006 Esta ley nace a raíz de la problemática del río urbano piraí y la muerte de niños y niñas ahogados en las fosas dragadas para la minería. Impulsamos la necesidad de sacar del código minero el aRt. 14 (áridos) y darles la competencia a los municipios confiando en que al ser los gobiernos mas cercanos recuperarían el derecho a la recreación de sus habitantes en un río urbano. Lamentablemente no hicieron mas que benenficiarse económicamente con la actividad minera.

He presentado el proyecto de ley forestal urbana y esperemos que la tan abundante legislación sirva para la acción oportuna a la hora de ejecutar políticas públicas y no solo de reacción cuando suceden estos conflictos controversiales jurídicamente.
Opinión.

Aquí lo que necesitamos es voluntad política concertada, objetividad, acción concurrente y fáctica; históricamente ausente en los ríos y presente a la hora de oportunismos, confrontaciones vulgares y violentas y shows ambientalistas mientras los pasivos ambientales crecen.

La sociedad civil indiferente.- Hay que impulsar a los colectivos urbanos como el “árbol” integrado por jóvenes cruceños porque no están corporativizados ni gremializados; con ellos he intentado un acercamiento hacia autoridades del ejecutivo municipal para que participen en el control social ambiental. Hay que abrir puertas y condenar la agresión abusiva de un concejal cuyas atribuciones han pasado al extremo del abuso del poder por su manera violenta de actuar. Censurable desde todo punto de vista.