jueves, 29 de agosto de 2013

El triángulo de las Bermudas: Cárceles


El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero de unos 1.600 o 1.800 km de lado, situada en el océano Atlántico entre las islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami en el estado de Florida (Estados Unidos; sobre lo que se ha escrito mucho de verdad, de ficción, de dantesco. A mediados del siglo XX varios escritores publicaron artículos respecto a la desaparición misteriosa de barcos, flotas enteras de aviones y por eso se lo llamó también "triángulo del diablo"; un lugar del que nadie sale vivo.

En el caso de las cárceles de Bolivia; quien entra a ellas cae irremediablemente en este triángulo. No es que todos los presos mueran físicamente, pero mueren muchas cosas. En los recintos carcelarios la realidad ha excedido con creces a la política, la norma y a la institucionalidad que debiera regirlas. No hay Estado en las cárceles.

Si bien nuestra constitución prohíbe la pena de muerte y garantiza el derecho a la vida y a la integridad física sin exclusión alguna; cuando uno ve actos tan criminales como los perpetrados por violadores, asesinos, narcotraficantes; lo primero que se nos viene a la mente una vez son sentenciados es "que se pudra"; sin embargo en ocasiones son los primeros en volver a las calles o tener privilegios extraordinarios en estos recintos donde cohabitan niñas y niños, inocentes y culpables, gente con delitos leves y maleantes delincuentes asesinos y violadores de monta mayor. Lo hemos visto en un centenar de documentales; lo conocemos porque no vivimos en marte sino en ciudades que tienen este tipo de recintos.

La masacre de Palmasola: Una sorpresa o una obviedad?

A raíz de la guerra declarada entre dos bandos (según se informa) queda desnudado en grande lo que a diario pasa en chico. ¿Quién no conoce o ha sido víctima de un robo, de un chantaje, de una extorsión desde Palmasola? Quién escribe fue víctima de un robo de movilidad con encañonamiento de un arma en la cabeza de mi hija, como lo son a diario 10 o mas personas que a la media hora de perpetrado el robo reciben llamadas desde la cárcel para solicitar lleven hasta la cárcel una suma de dinero. Si no se accede a tal chantaje (fue mi posición) la movilidad no aparece nunca mas (fue mi realidad. Y en la otra cara; quién no ha visto el drama humano de la gente encarcelada por un delito menor y mezclada con violadores, matones, asesinos y narcos y para colmo niñas y niños?

Los datos estadísticos establecen que al 2012 el total de gente privada de libertad era de 13.000 a nivel nacional. De 24 países nos ubicamos en un quinto lugar entre Latinoamérica, EEUU y Rusia.

El triángulo de las bermudas y sus tres aristas: Estado compuesto, Justicia, policía.

Hay un canto infantil del cual disfrutábamos las niñas de los años 60: "Yo no fui, fue Teté, pégale, pégale que ella fue..." y esta actitud quizás sea la que afecta y debilita en mayor grado una fortaleza extraordinaria desaprovechada y mal utilizada hasta ahora. Es obvio que 180 años de malas costumbres no se pueden cambiar en 8 años; pero si seguimos en las mismas praxis y no hacemos cambios de shock; esperemos otros dos siglos.

La necesidad de que todos los niveles de gobierno, la policía y la justicia; definan una política estructural de Reforma Real ya (no gradual sino de shock) es urgente. Que los partidismos, divisionismos y egoísmos no sean un obstáculo. Se requiere una tremenda madurez política y desprendimiento. El Estado central, las 9 gobernaciones y los 339 municipios deben concurrir con voluntad, aportando a un plan integral y con recursos. La justicia no puede seguir lavándose las manos respecto al 83% de causas sin resolverse. Es un escándalo. Es realmente un escándalo. Y no se trata tan solo de que no hay recursos o leyes porque nosotros los ciudadanos terrenales, no de marte, hemos constatado el tráfico de influencias descarado y la agilidad extraordinaria para resolver algunos casos. La policía no debe asumir el rol de los medios de comunicación que no quieren ley, que no aceptan que nadie los regule, que son un mundo aparte. No. La policía debe efectuar una revolución de valores en lo interno. No es posible que una autoridad policial pida apoyo para un ascenso y mande decir que promete cinco mil dólares mensuales. De dónde los saca? Y no es posible que las máximas autoridades conozcan nombres de efectivos volteadores, loteadores, extorsionadores y no los muevan porque "son necesarios".

Y la autocrítica a nosotros los fiscalizadores. Tenemos la obligación no de pedir, de exigir que se cumpla la ley, que se acate la constitución, de exigir procesos transparentes al juez o fiscal que debe cumplir la ley sin considerarlo un favor o cobrar por ese "favor". De ninguna manera podemos utilizar el tráfico de influencias descarado para torcer la ley, influir, transar, cobrar, prostituir a la autoridad encargada de hacer justicia y para colmo indicar que "son órdenes de arriba". Los parlamentarios que trafican con la justicia deben ser denunciados. No es posible que un juez me diga que no puede ejecutar un fallo constitucional porque "un parlamentario me dice que no". Esto es corrupción descarada y así la justicia no anda. Pero no es la excusa ni el pretexto para no actuar ni atreverse a romper esos esquemas tan corruptos. Hemos llegado al extremo de tener 5 meses detenido a un hombre de pueblo muy pobre porque un "politicote" le habla a un fiscal y le dice "encerramelo y no lo dejés salir". Esa es la justicia tan injusta que hemos constatado que existe y por supuesto no generalizo. Hay grandes excepciones, pero pocas.

Por otra parte; la asamblea legislativa a trabajado en leyes muy importantes en el marco constitucional. Una de las primeras fue la primera fue la ley anti-corrupción, ley del órgano judicial, ley de procuraduría general, ley de modificaciones al sistema normativo penal, juzgamiento a altas autoridades, ley del tribunal constitucional, solo por mencionar algunas de las promulgadas en el año 2010. La ley orgánica del ministerio público, el código procesal constitucional, pero además viabilizamos la elección por voto universal de magistrados y tribunos y actualmente hacemos todos los esfuerzos para culminar esta gestión con los códigos Morales, empezando por los procedimentales; en la primera quincena de septiembre ya vamos a contar con un nuevo código procesal penal que busca fundamentalmente abreviar esa justicia tan larga, tan cara y que nunca llega. Las leyes sin embargo son instrumentos, herramientas que sino se las aplica, se convierten en el arpa que tan bien describe en un poema Gustavo Adolfo Becker: "Del salón en un ángulo oscuro/de su dueño tal vez olvidada/silenciosa y cubierta de polvo/veiase el arpa/ ¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas...!

La cantidad de detenidos en las cárceles con procesos paralizados, bajo la figura de "detención preventiva". No es una cifra "normal", sino uno de los mas altos índices en cuanto a déficit de justicia. Ya en el año 2011 un estudio http://www.derechoshumanosbolivia.org/noticia.php?cod_noticia=NO20110221095617)daba cuenta de que sólo 1.999 internos son sentenciados (24,1%) y 6.074 (75,9%) no tiene sentencia condenatoria y, en muchos casos, el tiempo de la detención preventiva sobrepasa los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal (18 meses sin que se haya dictado sentencia o 24 meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada. Art. 239°).Hoy esta cifra ha crecido. El 83% de los detenidos en cárceles sin Estado no tiene sentencia.

La evaluación también revela que el 70% de la población carcelaria no está en condiciones de pagar los costos de un abogado y que, del total de la población joven y adolescente (12 a 21 años) que está en los recintos, el 96% no cuenta con una sentencia. En Palmasola hay más de 5.200 internos de los que solo unos 400 tienen sentencia condenatoria, mientras que el resto son detenidos preventivos. Pero este no es un problema exclusivo de Bolivia: Los Estados Unidos tenía hasta el 2012 5.000.000 de presos con medidas cautelares.

A 2013, Las cárceles bolivianas presentan serios problemas por conflictos y hacinamiento debido principalmente a que el 83% de los más de 13.800 reclusos está en prisión preventiva sin sentencia y sus casos sufren el crónico retraso en la administración de justicia del país. El Gobierno presidido por Evo Morales dictó a finales de 2012 un indulto masivo para tratar de aliviar esta situación, medida que ahora estudian ampliar para hacer frente a los problemas que se registran en los penales. Los legisladores del MAS analizan el poder plantear una combinación mixta. Indulto y amnistía para todos aquellos casos menores, para los ancianos y enfermos y la devolución de detenidos extranjeros a sus países.

La presencia de niños

Son aproximadamente hasta 2.100 menores viviendo con sus padres, una situación única en el mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A ello se sumaron varias denuncias sobre los presuntos abusos sufridos por niños dentro de las instalaciones carcelarias.

Basta un ejemplo de la ausencia de Estado en los recintos penitenciarios: Son 5300 los recluidos en Palmasola y la fuerza pública para controlarlos; 120 efectivos policiales en dos turnos; es decir 60 efectivos en cada turno lo que significa a las claras que el rato que quisieran los recluidos podrían rebasar a esta ínfima y cantidad de policías.


Lo cierto es que en Bolivia nos hemos acostumbrado a lavarnos las manos y hasta asegurar con una pasmosa ignorancia que "el gobierno central tiene la culpa" o "el gobierno tiene la responsabilidad"; cuando en los hechos, ningún gobierno (Nacional, Departamentales y municipales) podrán resolver problemas estructurales heredados sino lo hacen unidos y en concurrencia de voluntades políticas, económicas y creativas. Así mismo; si la policía captura "in fraganti" a un maleante reincidente y la "justicia" lo libera en menos que canta un gallo y sin embargo una anciana sigue detenida hace un año por robar una bagatela; Dios nos libre. Y sin embargo a una mujer concejala alcaldesa por fallo constitucional, embarazada; le pegan, la patean, la destituyen y...bien gracias porque "sentó mal su denuncia!...esto es un escándalo.

Ante este panorama desolador; el presidente del Estado, Evo Morales, que no es amigo de parches sino de soluciones estructurales; comparte la necesidad de una cumbre que encare una Reforma Real estructural porque los discursos, "yo no fui..." y lamentos nos dejan en punto cero. En esa línea responsable, no discursiva sino decidida nos adscribimos.



lunes, 12 de agosto de 2013

CENSO NACIONAL VS CENSOS REGIONALES

"Un Censo se define como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar, el padrón o lista de la población de una nación o pueblo en un momento determinado, la información demográfica social y económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar.

Viene a ser el operativo estadístico de mayor magnitud que debe afrontar el país en su conjunto, asimismo es la movilización más grande en tiempos de paz ya que participan en un censo, desde los empadronadores hasta la difusión de los resultados, más de 200 mil personas.

Un Censo permite ajustar y/o definir, implementar y evaluar planes, programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano sostenible, económico y social en el ámbito nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario. Por otra parte proporcionará información para el diseño de un marco muestral para futuras investigaciones por muestreo.

En un Censo de Población la unidad de investigación es "el hogar", es decir una o varias personas, unidas o no por vínculos familiares, que viven juntas para proveer y satisfacer sus necesidades alimenticias y otras indispensables para vivir.

En un Censo de Vivienda la unidad de investigación es la "vivienda", es decir todo recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente que: haya sido construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por personas, siempre que en la fecha del Censo no se utilice totalmente para otra finalidad." (INE-Bolivia)

Hemos escuchado en algunas regiones, no solo post censo sino ex ante, a dirigentes políticos de oposición al gobierno poner en duda permanente la eficiencia técnica del mismo debido a un supuesto plan del gobierno para escamotear resultados en algunas poblaciones debido a que para nadie es desconocido que en todo el proceso constituyente esta oposición ensayó el desmembramiento de la unidad patria con la llamada "media luna".

Estas manifestaciones se han acentuado mas luego de conocidos los resultados oficiales que registran diferencias entre los datos preliminares anunciados por el presidente y entre los datos oficiales, de un 3,5%, parámetro normal a nivel mundial que sin embargo es rechazado cuando la mirada deja de ser nacional y se centra en resultados de cada región o departamento.

El inmediato anuncio del presidente respecto a la realización de auditorias nacionales e internacionales; no ha dejado duda de la voluntad gubernamental para zanjar todo tipo de controversias legítimas y de oportunismos de la radical derecha que busca cualquier controversia para sacarle partido; mucho más si su pilar fundamental en el proceso constituyente fue el de dividir regionalmente al país.

A objeto de no caer en confrontaciones estériles y desestabilizadoras de la paz social; es importante conocer el marco jurídico bajo el cual se realiza el censo en nuestro país.

La disposición contenida en la Constitución Política del Estado en el artículo 298 Parágrafo I, numeral 16, establece como una atribución privativa del Estado, la realización de Censos Nacionales, bajo este contexto, ninguna entidad territorial autónoma puede efectuar algún tipo de censo regional.

Conforme se establecen las atribuciones contenidas en las competencias asignadas al nivel departamental y municipal, la norma constitucional no regula la posibilidad de efectuar censos regionales ni municipales, más al contrario establece los mecanismos de redistribución y presupuesto para la ejecución de proyectos, según las asignaciones por distribución de recursos de coparticipación tributaria de IDH, además de las asignadas por el TGN.

El artículo 300, Parágrafo I, numeral 26 dispone la elaboración, aprobación y ejecución de sus programas de operaciones y presupuesto, que va en directa concordancia con el numeral 36, que dispone la administración de recursos, en el marco del presupuesto general de la nación. Esta distribución y asignación de presupuesto debe contemplar, la planificación, diseño y ejecución de proyectos, políticas, planes de ordenamiento, construcción de líneas férreas, aeropuertos, estadísticas departamentales, desarrollo económico departamental, entre otras, pero que sin embargo NO FACULTA a estas entidades territoriales, a la elaboración de un censo regional, caso contrario, de elaborarse un censo, esto comprendería incurrir en delitos penales por actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, tales como incumplimiento de deberes, conducta anti económica, actos lesivos al Estado, entre otros.

Asimismo, las competencias de los gobiernos municipales, establecidas en el artículo 302, parágrafo I, dispone según lo enunciado en el numeral 23) la facultad de elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto, así como lo dispuesto en el numeral 42, que regula la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional, lo cual significa que en uso de sus atribuciones podrá elaborara, planificar y ejecutar este tipo de actividades, obras y acciones de orden municipal, empero tampoco contempla la posibilidad de que algún municipio del Estado Plurinacional tenga la atribución de efectuar un censo municipal, y mucho menos lo dispuesto en la Ley Nº 2028, de municipalidades, demás normativa concordante con la legislación municipal.

Los dos tipos de recursos supeditados al índice poblacional, van a estar en discusión, estos son 1) los fondos de Coparticipación Tributaria y 2) los IDH,

Asimismo existen tres aspectos muy importantes que van a ser sujetas de análisis.

a) Flujos migratorios. Los cambios en el ámbito sociopolítico del país, y la conversión de un Estado Republicano a Plurinacional determinó configurar un Estado multicultural y con Autonomías, por ello también se vino a colación el problema del mestizaje y los originarios.

En los últimos años, que van desde el penúltimo censo del año 2001, hasta este último; el estado Plurinacional ha crecido en población en unos departamentos y en otros no, por lo tanto este resultado va a tener dos efectos: el político en términos de representación parlamentaria y en términos económicos, con la redistribución de recursos de manera equitativa.

Según los datos proporcionados, se ha experimentado un crecimiento poblacional en términos absolutos en ciudades importantes como Santa Cruz ocupando ésta el primer lugar.

CARTOGRAFÍA. Los distintos municipios del país ya han puesto en mesa de discusión las divergencias al momento de ejecutar sus planes operativos anuales (POAs), dentro del margen constitucional establecido, incluso se presentan divergencias respecto a los límites entre uno y otro municipio, donde viven ya interconectadas por sendas urbanizaciones y asentamientos humanos, cuyas necesidades y demandas no son satisfechas a plenitud en ambos contextos por falta de una clara delimitación territorial.

Ante esta situación, la actualización cartográfica y el empadronamiento censal, deberán diseñar el nuevo marco cartográfico de acuerdo con las delimitaciones y segmentos que han sido establecidos en el censo 2012, acorde con la cuantificación de boletas censales, las cuales deban definir la pertenencia de territorios.

Redistribución Económica. De acuerdo con estos nuevos datos, el cambio en el mapa político y económico de Bolivia, definirán nuevos niveles de distribución y asignación de recursos que se realizará de acuerdo a los nuevos datos per capita, e incluirá la coparticipación tributaria, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD). Además de contemplar las variables del Programa de Alivio de Deuda para Países Pobres y Altamente Endeudados (HIPC) en los diferentes niveles del Estado.

Estos índices deben estar sujetos en su aplicación, en base al número de personas que habitan en cada departamento o región y en relación a los habitantes de cada municipio, lo cual también implícitamente implicará modificaciones, en lo que respecta la distribución de los escaños tanto en la representación nacional como en las asambleas regional y local.

Hay un decreto aprobado. La coparticipación reparte un impuesto en base a los datos per capita. La nueva asignación de dinero apenas tocará el 1% del Presupuesto General del Estado

El Celade es un organismo dependiente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), especializado en censos de Latinoamérica y cuenta con expertos en demografía e información de la población, y será quien definirá la metodología y los criterios con los que se evaluarán y validarán los datos del censo.

En el Impuesto Directo a los Hidrocaburos (IDH) se creó un fondo de compensación para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mediante el Decreto Supremo 28421, donde una parte se distribuye utilizando el criterio poblacional. Entonces, esta partecita va a estar influida por los datos reflejados en el censo de 2012 porque los otros porcentajes ya fueron definidos en la Ley de Hidrocarburos 3058 en los recursos que se dan por departamento productor y no productor.

El censo debe ser visto con mucho detenimiento y serenidad; sin ingredientes partidistas políticos que en lugar de aclarar enturbian resultados que son fundamentales para Bolivia; mucho mas cuando se reitera desde el mas alto nivel gubernamental que habran auditorias y cuando organismos internacionales de gran credibilidad anuncian su concurso.

Presidencia de la cámara de diputados.