jueves, 25 de julio de 2013

El aborto; No hay que abortar el debate


Betty Tejada Soruco

En la polémica del aborto, abortar el debate con malos abordajes es la peor irresponsabilidad porque más allá de que lo condenemos o lo apoyemos, de quién tiene la culpa o la disculpa; el aborto está sucediendo en este momento, en este minuto y está muriendo una mujer joven o está exponiendo su salud física y sicológica y muere también la vida de un niño o una niña.

“En América Latina y en el Caribe, de los 18 millones de embarazos que se producen cada año, 52 % no son planeados y el 21 % de ellos terminan en un aborto. Según algunos estudios de la OMS y otras organizaciones, en América Latina se practicarían anualmente unos 3,7 millones de abortos inseguros. El riesgo de muerte a causa del aborto inseguro en los países en desarrollo es de 370 por cada 100.000 casos. El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es 68.000, lo que equivale al 13 % de la mortalidad materna. En América Latina, el aborto inseguro es responsable del 17 % de las muertes maternas”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido#cite_note-12


DATOS GENERALES.

El término “aborto” tiene su origen etimológico en el latín “abortus”que deriva a su vez de aboriun, abortus sum; morir perecer. El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas, lo que origina la pérdida o el término del embarazo. El aborto entendido como la interrupción intencional del embarazo es punible o no punible de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

En Bolivia el aborto se encuentra penalizado, sin embargo existen excepciones legales si una mujer interpone una demanda de aborto por motivos de violación, estupro, incesto o con el fin de proteger su salud y su vida.

De acuerdo con Marie Stopes Internacional-Bolivia, en el país se registran anualmente más de 80 mil abortos, siendo sobre todo adolescentes y jóvenes embarazadas quienes optarían por esta práctica que debería ser considerada como un problema de salud pública, debido a que sus consecuencias, entre esta población, representan la tercera causa de mortalidad materna en el país.“Se estima que en Bolivia anualmente se practican alrededor de 80 mil abortos a nivel nacional, de los cuales no todos llegan a los centros de salud, sino que en muchos casos son practicados de manera insegura”, Ramiro Claure.(El Diario/24/06/2012)

LEGISLACIÓN BOLIVIANA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. El régimen constitucional, regula los derechos fundamentales y las garantías que tiene toda persona, en este sentido el artÍculo 13 Núm. I y II, establece:

Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros

Por su parte el artículo 14 Núm. I y III, de la C.P.E. establece: Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.

El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.

El artículo 15 de la C.P.E. dispone:

Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

El régimen que regula el derecho a la salud e integridad física, incorporados en la Sección II, Capítulo V, Titulo II, de la C.P.E., establece en su artículo 44 Pár. I, que: “I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.

Asimismo la Sección VI, Capítulo IV, Título II de la C.P.E, regula el derecho de las familias, bajo ese orden el artículo 62 dispone: “El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades”

El artículo 66 de la C.P.E. señala: Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

Si un embarazo se interrumpe en sus primeras 12 semanas, se entraría en contradicción con la misma CPE que establece en el artículo 14, I.: “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta constitución, sin distinción alguna”. Con ello se indica que las leyes si bien pueden regular las modalidades en cuanto a la capacidad jurídica, de ninguna manera pueden despojar del derecho a la vida a los seres humanos en razón de la edad, discriminación prohibida en el artículo 14, II.

La CPE en el artículo 410, II; 2, reconoce a los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos humanos, ratificados por el país como parte de la constitucionalidad boliviana. Entre estos convenios destaca el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Bolivia que claramente establece que todo ser humano es persona y que tiene derecho a que se respete su vida. “este derecho estará protegido por ley, y, en general, desde la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Artículo 4).

La legislación boliviana que regula el tema del aborto se encuentra en los artículos 263 al 269 del Código Penal, bajo el título de "Delitos contra la Integridad Corporal y la Vida”y cataloga las distintas clases de aborto que con una salvedad dispuesta en el artículo 266 de dicha normativa.

El Código Penal en su artículo 263 señala: “El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura, será sancionado:

Con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si esta fuere menor de diez y seis años

Con privación de libertad de uno a tres años, si fuere practicado con el consentimiento de la mujer.

Con reclusión de uno a tres años, a la mujer que hubiere prestado su consentimiento. La tentativa de la mujer no es punible.

Asimismo el artículo 264 regula la figura del aborto seguido de lesión o muerte y al artículo 265 regula el aborto honoris causa, que se efectúa con la intención de salvar u ocultar la deshonra de la mujer.

El artículo 266 del Código Penal regula el Aborto Impune y establece: “Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.

Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios.

En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso.

El artículo 267 regula el aborto preterintencional, el artículo 268 estipula el aborto culposo y finalmente el artículo 269 penaliza la práctica habitual del aborto que dispone: El que se dedicare habitualmente a la práctica de aborto, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años.

En este sentido la mayor pena que se impone para esta clase de delitos está entre 1 a 6 años de prisión, a ser determinados en juicio, existiendo la posibilidad incluso de disponerse el perdón judicial de la pena, cuando la autoridad judicial dicte una pena de reclusión de tres o menos años, de acuerdo con los elementos de prueba que se pueden demostrar durante la fase de juicio.

El ámbito jurídico vigente relacionado al aborto no solo se nos presenta como circunscrito al ámbito penal sino también se encuentra en el Derecho Constitucional; ello quiere decir que la Constitución da el marco legal para la aplicación del Derecho Penal.

Inclusive en el derecho civil en su artículo 14 establece el derecho a la personalidad que tiene toda persona, con al principio del derecho civil que establece desde el momento de la concepción “SE ES PERSONA SE TIENE PERSONALIDAD”, lo cual da lugar a determinar con precisión que un ser ya es persona desde el momento de la concepción y que no puede existir la regulación de un aborto, sin o por causas que le son atribuibles a situaciones emanadas de violaciones sexuales en sus distintas clases de acuerdo con la edad de la mujer o por motivos que pongan en peligro su vida.

En cuanto a los derechos y garantías que ofrece el Estado, ellas se materializan en los principios directrices establecidos en la C.P.E., en este orden esencialmente el artículo 14 Pár. II, al disponer que “los derechos proclamados en la constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados” se aplica al principio de intervención mínima o "última ratio", principio que limita al poder punitivo estatal, de requerir su intervención únicamente en última instancia, y cuando se lesionan o pongan en peligro de forma grave bienes jurídicos relevantes, tales como podría ser la despenalización del aborto por cualquier causa de forma abierta y sin definir las conductas penales que motiven a realizar este acto

Esto responde justamente a lo que actualmente regula el código penal en su artículo 266 cuando señala que el aborto puede efectuarse cuando se hubiese producido una relación sexual no consentida producto de una violación, estupro, incesto,, o cuando este se hubiese practicado con el fin de resguardar la vida o salud de la madre, y que objetivamente dispone que para que se presente esta situación, la madre en estado de gestación debe interponer una demanda ante la jurisdicción ordinaria correspondiente y demostrar que las causales dispuesta para su otorgamiento sean reales y efectivas, y que será la autoridad judicial quien mediante una resolución judicial (orden judicial) disponga la práctica del aborto, empero no señala en ninguna parte del citado artículo que esta figura jurídica pueda ser aplicable por quien la pretenda de forma arbitraria, y sin demostrar que se hubieren evidenciado las causales establecidas para su otorgamiento por la autoridad judicial.

Ahora, en el hecho de que la madre se entere que el fruto de la concepción adolece de deformaciones físicas o perturbaciones síquicas, puede causarle intranquilidad o desesperación que ponga en peligro grave su salud mental, esta situación puede llevarla a rechazar el embarazo o empujarla hacia el suicidio. De ser este el caso, puede considerarse procedente un aborto terapéutico, pues no se trataría por tanto de un caso de aborto eugenésico propiamente dicho, ya que si la perturbación mental impide que la madre comprenda el carácter ilícito de su acto o se determine de acuerdo con esta apreciación, estaremos ante una circunstancia de inimputabilidad, ello concordante con el artículo 44 del código penal que señala: “ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica… salvo peligro inminente de su vida”.

Todo ello responde a la problemática que se plantea cuando se pretende despenalizar el aborto, bajo cualquier circunstancia, incluso de aquella que refiere al aborto debido los riesgos que tienen al realizarse abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas, en este sentido no puede darse lugar a una regulación normativa que disponga la despenalización del aborto aun cuando se evidenciaren relaciones deseadas y consentidas, pero que por falta de recursos o por un simple deseo de deshacerse de un ser humano se deba legislar la despenalización del aborto, confundiéndose a una acción vejatoria como causa de un aborto, a otra muy distinta como es el embarazo no deseado pero consentido.

Amén de todo ello el artículo 269 del código penal regula la práctica habitual del aborto como un trabajo diario que se puede evidenciar en algún recinto médico e inclusive en consultorios médicos clandestinos que a título de ofrecer servicios dentales, oftalmológicos, medicina general, sean lugares clandestinos donde se realizan abortos en forma diaria y permanente, ya que como bien señala la norma, un profesional médico deberá efectuar un aborto despenalizado y permisible siempre y cuando exista una orden judicial que hubiere motivado al juez a disponer la práctica de tal acción. Lo contrario es un delito que se encuentra claramente tipificado en la norma penal.

Bajo este contexto, la normativa penal, que regula los delitos contra la integridad corporal y la vida, tipificando el aborto en sus distintas clases comprendidos en los artículos 263 al 269, gozan de plena constitucionalidad, por lo que la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículo 263, 266 y 269 por la Diputada Patricia Mancilla no tiene asidero legal que sustente su pretensión.

LEGISLACION COMPARADA.

En el Ecuador el Aborto está penalizado en su Código Penal por el artículo 1 el cual trata de los Delitos Contra La Vida, y abarca desde el artículo 441 hasta el 447. En dichos artículos se castiga severamente el aborto con reclusión, la pena varía según sea cometido voluntariamente por la madre o causado por terceros, sin embrago el artículo 477 introduce una excepción al despenalizar el aborto cuando es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer o de su marido, bajo las condiciones siguientes: 1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2. Si el embarazo proviene de una violación cometido en una mujer idiota o demente, siendo casi ello similar a la legislación penal vigente.

En Venezuela el aborto también está penalizado en el artículo 432 del Código Penal y las penas son de reclusión tanto para la madre que abortare como para quien le facilite dicha práctica y aumenta cuando por consecuencia del aborto o de los medios empleados para efectuarlo sobreviene la muerte de la mujer. Aunque también existe una excepción en el artículo 435 en uno de sus párrafos y establece que no habrá pena alguna para el que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta.

En el país de México el Código Penal permite la interrupción del embarazo, en casos tales como el resultado de una violación a la mujer y cuando hay peligro de muerte para la madre; o cuando existe la posibilidad legal de interrumpir un embarazo cuando hay malformación del producto

La Legislación Dominicana contempla la penalización del aborto desde 1867 y penaliza este hecho no sólo cometido por los terceros con pena de reclusión, sino también a la mujer misma que lo provocare. La Ley 1690 de Abril de 1948 fue la encargada de adicionar un párrafo al artículo 317 del Código Penal Dominicano de 1884 para establecer como delito especial y reza de la siguiente manera: "Aquellos que hayan puesto en relación o comunicación una mujer embarazada con otra persona para que le produzca el aborto, siempre que el aborto se haya efectuado, aun cuando no hayan cooperado directamente al aborto". Ya que en su Constitución en su artículo 8, acápite 1, consagra como uno de los derechos fundamentales "La Inviolabilidad de la Vida".

CONCLUSIONES.

De acuerdo con el análisis efectuado; en Bolivia, mas allá del debate político interesado, sesgado, vacío enpropuestas: el régimen jurídico es muy claro aunque como en el resto del mundo, la real no resulta permisible la posibilidad de regular la despenalización del aborto, y mucho menos puede disponerse la inconstitucionalidad de los artículos 263, (aborto), 266 (aborto impune) y 269 (práctica habitual del aborto), entre otros estipulados en el Código Penal, y demandados por una diputada nacional.

un embarazo no deseado, un niño o niña rechazado (a); es un problema humano muy sensible que debe superarse con políticas agresivas y contundentes de prevención.

El 61% de las mujeres viven en partes del mundo donde se permite el aborto para proteger la vida de la mujer o su salud física o mental, por razones socioeconómicas o por ninguna razón en particular (por lo menos durante los primeros meses del embarazo). En los 55 países donde se permite el aborto a base de fundamentos legales amplios, la ley usualmente estipula algunas condiciones como, por ejemplo, límites de gestación, indicación, períodos de espera, requisitos de consentimiento, y restricciones en torno a dónde y quién practicaría el aborto. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Legislaci%C3%B3n_del_aborto#Am.C3.A9rica_del_Sur