miércoles, 18 de abril de 2012

Ciudades y derechos

Uno de los mayores inventos del ser humano han sido las ciudades concebidas para disfrutar colectivamente de las ventajas de compartir un sistema de vida común y de acuerdo a leyes e institucionalidad concertada. La fuerza motora de las ciudades radica en los ciudadanos y ciudadanas que sujetos a obligaciones y derechos impulsan y mueven el modelo de ciudad que todos quieren, la planificación adecuada para lograr las metas, los servicios adecuados, (salud, educación, agua potable, alcantarillado, energía, medio ambiente, espacios de recreación, vivienda) seguridad integral que implica respeto a la diversidad, trabajo, ejercicio pleno de derechos, armonía, planes que ataquen las causas y no los efectos de la violencia y el vandalismo. Son muchos los requisitos para evitar la deshumanización de las ciudades.

Entre los derechos constitucionales e inclusive supranacionales, es decir que son parte de tratados internacionales, están los derechos a la propiedad privada, a la vivienda y al hábitat. Derechos que hoy en día son un asunto prohibido para la gran mayoría de ciudadanos que expulsados por la pobreza desde el área rural, migran a las grandes urbes en busca de empleo, estudio para sus hijos; seducidos y encantados por ciudades excluyentes sin planificación alguna respecto a viviendas sociales.

Si a ello agregamos la criminal especulación con los precios de terrenos urbanos, las empresas clandestinas de loteadores que venden sin papeles (porque no regalan) a los miles de compradores pobres, a los que además les exigen entrarse ilegalmente a predios públicos y privados y después los abandonan a su suerte; tenemos un problema gigantesco respecto al derecho propietario urbano y una cantidad inimaginable de litigios asombrosos. Hay pueblos y barrios enteros asentados hacen años en una propiedad inscrita a nombre de un propietario que ha hipotecado en un banco todo el predio! Así como propietario que en plena area de expansión urbana aún detentan 5, 10 y hasta mil hectáreas "de engorde" sin que los gobiernos municipales prevengan, concilien, expropien para evitar estos desordenes diarios que son producto de una ineficiencia premeditada y muy bien pagada.

Curiosamente muchos municipios no tienen apuro en delimitar sus áreas urbanas, en perfecccionar su catastro ni en inscribir sus propiedades en derechos reales. Curiosamente esta información la manejan los loteadores y avasalladores y con mapas satelitales ubican los terrenos públicos y privados y generan esta suerte de crisis de derechos para todos. Ni el detentador ni el propietario tienen certidumbre de lo que puede pasar porque la corrupción y le tráfico de influencias en los órganos del Estado respecto a asuntos de tierras es un mal endémico en Bolivia, cuya erradicación solo dependerá de una cultura ciudadana que no corrompa al funcionario público. No olvidemos que el poder pone al hombre ordinario frente a una tentación extraordinaria y detrás de cada corrupto hay un corruptor.

Estamos concluyendo la etapa de socialización de una ley llamada de regularización del derecho propietario urbano que tiene mucho que ver con voluntades institucionales. El nivel nacional, los municipios, derechos reales, ministerio público, catastro, son instituciones sobre las que estaremos gestionando agilidad y transparencia de manera permanente; y por supuesto los ciudadanos y ciudadanas que tenemos obligaciones con nuestras ciudades, no solo derechos y en ocasiones derechos mal habidos que violentan toda la economía jurídica.

Si queremos ciudades humanas, debemos humanizarlas trabajando por universalizar la seguridad juridica, y el derecho a a una vivienda, a la propiedad de esa vivienda que hoy por hoy es un privilegio de no mas de un 40% en el país.

*Presidenta de la comisión autonomías - asamblea plurinacional

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